En el marco del tratamiento del proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (COPINNA), los miembros de la Comisión de la Niñez escucharon a Alex Morejón, fiscal especializado de la Unidad de Adolescentes Infractores, quien habló sobre adolescentes en conflicto con la Ley Penal como aporte al Libro IV, referente a la responsabilidad penal de los menores.
El fiscal mencionó que la norma vigente tiene varios vacíos legales en el proceso de aplicación, especialmente sobre la prescripción de delitos sexuales que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se establecen distintos momentos de la prescripción, pero en el COPINNA todos los delitos prescriben a los 3 años. Agregó que la homogenización de este tema en distintos cuerpos legales ofrecerá justicia y reparación a los menores que han sido víctimas de violencia sexual.
Indicó que es necesario unificar los protocolos de procesos interinstitucionales para evitar la revictimización de los niños, niñas y adolescentes. Sostuvo que es importante que el Ministerio de Educación cuente con peritos distritales especializados en delitos sexuales de menores para dar respuesta inmediata.
Finalmente, destacó la necesidad de incluir procedimientos abreviados y la aplicación de mecanismos socioeducativos para agilizar el tratamiento de casos de adolescentes infractores.
Además, la comisión recibió a representantes de UNICEF para analizar los resultados de la consultoría sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
Los comparecientes mencionaron que es importante planificar con los gobiernos autónomos descentralizados y el Ministerio de Inclusión Social, dentro de los órganos de definición de política pública, planificación, control, seguimiento y evaluación, así como con la Función Judicial.
Recordaron que en 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un estudio de todos los sistemas de protección de niñez en la región, en el que se advierte la necesidad de promover una política de protección integral, multisectorial, descentralizada y participativa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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