El Pleno de la Asamblea Nacional, con 124 votos afirmativos, aprobó el informe de evaluación a la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que aborda y formula recomendaciones en los ejes de prevención, atención, protección y reparación, así como al Sistema Nacional Integral.
La asambleísta Johanna Moreira, ponente del informe, señaló que Ecuador cerró en el 2022 con 272 femicidios. Recordó que la violencia de género contra las mujeres tiene su origen en la falta de atención por parte de las entidades que conforman el Estado, lo cual ha impedido que se apliquen estándares para prevenir, erradicar e incluso sancionar a los agresores.
Según el informe, se demanda del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, como ente rector para la aplicación de la ley, que asuma con responsabilidad la aplicación de las recomendaciones y que, en un plazo no mayor a 60 días, elabore un plan de ejecución para el seguimiento y cumplimiento de sus acciones, respecto a cada eje contemplado en la ley.
Se requiere al Consejo de la Judicatura asumir con responsabilidad el informe, a fin de que las mujeres, niñas y adolescentes cuenten con una justicia idónea apegada al debido proceso que no las revictimice; se demanda a la Fiscalía garantizar el acceso a una justicia idónea y especializada con perspectiva y enfoque de género.
Recomienda a la Policía Nacional que sus acciones para prevenir la violencia de género, se basen en procedimientos que no rebasen sus competencias y no sean revictimizantes; a los gobiernos descentralizados municipales y provinciales, conjuntamente con las juntas cantonales y parroquiales de protección asumir con responsabilidad sus competencias para prevenir, proteger y reparar, y cuando sea correspondiente sancionar a los responsables.
Se exige al Gobierno Nacional que a través del Ministerio de Finanzas destine los fondos necesarios para la aplicación de la ley y una adecuada arquitectura institucional articulada y sólida a nivel nacional y territorial, así como el presupuesto sostenible para las Casas de Acogida y los Centros de Atención Integral y para los servicios de prevención, atención, protección y reparación que se requieren de manera urgente para la efectiva implementación de la ley.
Se dispone a la Comisión de Justicia que, a través de la Subcomisión de Evaluación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, cree mesas técnicas de trabajo y seguimiento de la aplicación de las recomendaciones y en el caso de incumplimientos proceda conforme establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en lo correspondiente a los procesos de fiscalización y control político.
Se exhorta al Gobierno Nacional la ejecución de la declaratoria de emergencia por los alto índices de violencia contra las mujeres, y que, en el marco de sus atribuciones, garantice los recursos necesarios y suficientes para el funcionamiento de todos los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, así como la promoción de políticas públicas que permitan la efectiva implementación de esta ley.
Debate
Siete asambleístas intervinieron. Allí recordaron la lucha de las mujeres en la necesidad de prevenir y erradicar la violencia; la pertinencia de dar énfasis al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; la importancia de establecer política pública progresiva y con recursos para aterrizarlas en cada comunidad y sector de la patria, con el compromiso de las autoridades que deben colaborar para la aplicación eficiente de la norma.
Señalaron que las agendas de igualdad de género no se cumplen por la incompetencia de quienes toman decisiones y que no se trata de crear más normas, sino de cumplir las leyes existentes para que el resultado no sea la exposición de estadísticas de femicidio.
Comisiones generales
El Pleno de la Asamblea Nacional escuchó a Rosandi López, de la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador y Karen Rodríguez, del Colectivo “Yo Defensora”, quienes expresaron que la violencia contra la mujer es un problema de derechos humanos.
Advirtieron que son cinco años que han esperado para la efectiva aplicación de políticas públicas y una articulación adecuada del Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres para la aplicación eficaz de la ley, que tiene reglas claras en beneficio de las niñas, adolescentes y mujeres adultas, pero que hace falta la aplicación por parte de las autoridades.
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