Fernando Santos, ministro de Energía y Minas, y María Soledispa, gerente subrogante de Petroecuador, comparecieron ante la Comisión de Gobiernos Autónomos para informar respecto de las denuncias sobre irregularidades en la explotación de 17 pozos petroleros, ubicados en el territorio de la Comunidad Indígena Cofán del Dureno, de la provincia de Sucumbíos.
Según indicó Fernando Santos, en la reunión sostenida en enero de este año con una delegación de la comunidad en la que estaba presente Eduardo Mendúa, nunca se pidió la suspensión de las actividades de Petroecuador en el territorio, sino que señalaron que no todos los miembros de la comunidad se vieron beneficiados por la indemnización económica entregada al líder de la comunidad, Silverio Criollo, y que no han sido incluidos en la compensación ya que la comunidad se encuentra dividida.
Subrayó que el Estado no está involucrado en el asesinato de Eduardo Mendúa y que el hecho está siendo investigado por la Policía Nacional. Agregó que el Gobierno ha intervenido para que los miembros de la comunidad lleguen a acuerdos y diálogos que les beneficie.
De su lado, María Elisa Soledispa, gerente (S), y una delegación de funcionarios encargados de las relaciones comunitarias de Petroecuador, destacaron que han estado en constantes conversaciones con las comunidades y están plenamente informadas sobre la intervención de la petrolera en su territorio. Indicó que hay convenios firmados desde el año 2013 y que incluso los miembros de la comunidad participaron en los estudios de impacto ambiental de este proyecto.
Indicaron que en enero de este año Silverio Criollo y Eduardo Mendúa firmaron un acta que acuerda compromisos para establecer una mesa de diálogo; y el 8 de febrero se acuerda que Criollo entregará la indemnización correspondiente al resto de personas y que serán incluidos en la compensación de Petroecuador.
Los miembros de la mesa legislativa señalaron que la Amazonía provee de la mayoría de los recursos para el Ecuador y es el lugar que menos inversión social tiene. Se solidarizaron con las comunidades que han perdido a sus integrantes por conflictos causados por la industria petrolera.
Previamente, en comisión general, la mesa legislativa recibió a Alexandra Almeida y Verónica Potes, presidenta y asesora jurídica de Acción Ecológica, respectivamente; Albeiro Mendúa, vicepresidente de la comunidad del Milenio A’i Dureno; Abdón Yumbo, miembro de la comunidad; Edwin Hernández, asesor de la comunidad; Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE; y, Jorge Acero, abogado del pueblo Cofán, quienes aseguraron que la injerencia de la empresa petrolera ha causado serios conflictos internos y que no existió un proceso de consulta previa libre e informada.
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