La necesidad de ampliar la extinción de dominio a delitos relacionados con el crimen organizado y el crimen transnacional, para asegurar la convivencia social pacífica, fue planteada por expertos en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, en el marco del estudio del proyecto de reformas a la Ley de Extinción de Dominio.
Esta vez acudieron Oscar Obando, gerente general de Advisers Law Group, Estudio Jurídico; y, Andrés Ormaza, director del proyecto de creación de capacidades del sector judicial ecuatoriano para combatir la delincuencia transnacional y el narcotráfico.
El primero en intervenir fue Oscar Obando. Tras recordar que la ley está en vigencia desde mayo de 2021, manifestó que la norma se aprobó en circunstancias en que el país vivía momentos muy difíciles por denuncias de corrupción, por lo que se incluyó a delitos contra la administración pública, que socavan la democracia, como una herramienta para desmotivar que se cometan estos delitos.
Manifestó que en la actualidad se ve la necesidad de incluir en la Ley de Extinción de Dominio a delitos como el narcotráfico, delincuencia organizada y asociación ilícita, pues también se debe combatir las actividades y delitos que atentan contra la paz y el bienestar de la ciudadanía, considerando que Ecuador, con los países vecinos, tiene un escenario que no es favorable en relación al tráfico de drogas y los altos índices de violencia.
De su lado, Andrés Ormaza al recordar que nueve países han incorporado esta figura en sus respectivas legislaciones, afirmó que la ley modelo de extinción de dominio dictada por Naciones Unidas genera una herramienta de política criminal.
Explicó que la extinción de dominio es una figura que recae sobre bienes, patrimonio y activos, a la vez indicó que la ley plantea un cambio de paradigma en la visión tradicional de la persecución del delito, no desde perspectiva punitiva, sino de impacto patrimonial, de afectación a las finanzas criminales.
Estamos ante fenómenos de globalización no solo de avances científicos y tecnológicos, sino la globalización desviada, que significa la traspolación de estructuras criminales de otros países que ya están en el Ecuador, como es la delincuencia organizada transnacional, la presencia de estructuras mafiosas y el entramado del crimen organizado, temas que deben ser considerados en el debate de esta norma.
Al finalizar, el presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo solicitó a los comparecientes que presenten sus observaciones por escrito, con el fin de evaluar y considerar en la elaboración del informe para el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
PV
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