Las máximas autoridades de la Procuraduría General del Estado y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables comparecieron ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social en el marco el proceso de investigación del caso Termoguayas Generation.
Como se recuerda, la asambleísta Luisa González denunció que se pretende que el Estado ecuatoriano pague 140 millones de dólares a la empresa Termoguayas Genration S.A., pese a que dejó de funcionar hace unos años atrás, en razón de que se revocó la concesión por haber incumplido la normativa y alguno de los acuerdos precontractuales.
González reiteró que ese acuerdo entre la empresa y Conelec no contó con el informe favorable de la Procuraduría General del Estado, debido al incumplimiento de obligaciones contractuales y permisos de permanencia en el Estado ecuatoriano.
De su lado, el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea explicó que tampoco se cumplieron las condiciones del convenio en lo referente a la propiedad de las barcazas y el resultado de permanencia en aguas territoriales, a la vez indicó que allí se mencionó la existencia de causales para la nulidad del contrato, al no haberse contado con el apremio y la autorización en ese entonces de parte de la Procuraduría del Estado.
Sostuvo que la Procuraduría ha actuado y actuará en beneficio del interés público y en cumplimiento de la Ley. Aseveró que el proceso de mediación de acuerdo a esta convocatoria ha concluido precautelando los intereses del Estado.
De su lado, Jorge Maingón Velasco, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, expresó que debe existir una norma general que exija a los centros de mediación que acrediten conocimiento y experiencia en derecho público.
Reiteró la necesidad de brindar seguridad jurídica y protección de los intereses públicos en el tema de las mediaciones.
Finalmente, el asambleísta Ricardo Chávez advirtió que la Procuraduría, en años atrás, como representante del Estado en este proceso no se preocupó de defender los intereses del país.
HC/pv
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