En el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades, la Comisión de Garantías Constitucionales solicitó los criterios técnicos de representantes de diferentes carteras de Estado, sobre los artículos que presentan nudos críticos que se refieren al porcentaje de discapacidad de una persona y los derechos que la Ley debe amparar.
A la sesión fueron convocados representantes de los Ministerios de Salud, de Trabajo, Inclusión Económica y Social; Consejo Nacional Electoral (CNE); Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT); Servicio de Rentas Internas (SRI); Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS); Agencia Nacional de Tránsito (ANT); Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME); y, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Erick Quishpe, del Ministerio de Salud, indicó que en Ecuador, el porcentaje mínimo de discapacidad es de 25 %, por lo tanto, desde este rango, se debe tratar como personas con discapacidad. Recomendó que, además de tomar en cuenta los porcentajes de discapacidad, se consideren las condiciones sociales de quienes más lo necesitan.
En materia educativa, la delegada de la SENESCYT, Andrea Montalvo, se refirió a la factibilidad del artículo 38 del proyecto, sobre las becas educativas para personas con discapacidad. En este aspecto, propuso que las personas con esta condición, en cuyo cantón o ciudad no exista educación básica o bachillerato, podrán recibir becas o ayudas económicas del Ministerio de Educación, a fin de que puedan ingresar a una unidad educativa inclusiva para educación inicial, media y bachillerato.
Gabriela Jaramillo, del Ministerio del Trabajo realizó las observaciones al tema del teletrabajo. Dijo que es necesario regular la propuesta del 50 % obligatorio de contratación de personal con discapacidad. Indicó que es importante que el Ministerio de Salud analice el grado de discapacidad para proceder a la inclusión laboral.
Como segundo tema, dentro del proceso de fiscalización al Ministerio de Salud, por presuntas vulneraciones en la atención médica, la comisión recibió a representantes de personas con discapacidad, quienes expusieron sus experiencias.
Francisco Paredes, Diana Banchón, Viviana Ortiz y Segundo Quezada, representantes de personas con discapacidad denunciaron la vulneración de los derechos a la salud de las personas con discapacidad y que en muchas ocasiones, no hay médicos especialistas que atiendan la discapacidad, ni medicinas. Pidieron que se incluya en la Ley, un trato humanitario para las personas con esta condición.
Vicente Palacios, profesional de la salud, expresó su preocupación por la situación que atraviesa el sistema de salud, en especial, la falta de insumos.
La asambleísta Fernanda Astudillo expresó su solidaridad con las personas que dieron sus testimonios como personas con discapacidad y pidió que se identifiquen a los responsables de las falencias del sistema de salud.
El último punto que trató la comisión tuvo que ver con el trato de esclavitud que se daría a trabajadores agrícolas abacaleros de la empresa Furukawa.
KC/pv
