Fortalecer y desarrollar los derechos colectivos reconocidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos; y, propiciar la protección y promoción de derechos de grupos históricamente excluidos a través de un enfoque plurinacional e intercultural y de género, es el objetivo del proyecto de Código para la Protección y Garantía de los Derechos Colectivos de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, que pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Paola Cabezas, asambleísta ponente, señalo que el proyecto unifica 12 iniciativas legales, que entre otros aspectos, crea herramientas para fortalecer las facultades en materia de derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio; garantizar la conservación y administración de las tierras y territorios en sus diversas formas de organización; y, respetar el régimen de autoridad territorial, el derecho propio y estructuras organizativas de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
También, dispone acciones afirmativas que promuevan la igualdad material e inmaterial y otorguen una obligación de garantía, respeto y protección preferencial en el ejercicio de sus derechos colectivos e individuales, así como la igualdad y no discriminación, progresividad, interculturalidad, solidaridad pública, ancestralidad, plurinacionalidad y pluralismo jurídico.
En el debate intervinieron 16 legisladores quienes subrayaron que el Estado tiene una deuda histórica con las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, porque no han sido considerados en la planificación de desarrollo territorial. Agregaron que es necesario impulsar políticas públicas que tomen en cuenta las particularidades de los pueblos.
Los parlamentarios presentaron varias observaciones para asegurar que el proyecto garantice la protección, respeto, garantía y progresividad de los derechos colectivos reconocidos en la Constitución y demás instrumentos de la jurisprudencia nacional e internacional.
Al ser un proyecto que podría afectar los derechos colectivos, por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó la realización de una consulta prelegislativa para que participen en un proceso deliberativo y sistemático, que permita la incidencia de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en la definición de la norma.
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