El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de reformas al Código de la Función Judicial, que fortalece el criterio de especialidad de la justicia para, de esta manera, garantizar un adecuado despacho de las causas relacionadas con las acciones de protección y medidas cautelares, así como de procesos vinculados con violencia de género, que no cuentan con suficientes jueces que conozcan a cabalidad dichas ramas del derecho.
Johanna Moreira, ponente del informe de la Comisión de Justicia, autora de uno de los proyectos unificados en la propuesta legal, subrayó que actualmente los abogados consideran que todos los jueces son versados en materia de garantías constitucionales, lo cual ha derivado en el despacho de causas sin la debida fundamentación, en contra de las facultades de organismos públicos y privados, inclusive para revertir nombramientos y otras decisiones legítimamente adoptadas por dichas instancias. Por ello, proponen cambios para permitir la especialidad de juezas y jueces, sobre todo en garantías constitucionales y temas de género.
Explicó que la comisión desarrolló un amplio proceso de socialización del proyecto, con la participación proactiva y comprometida de la ciudadanía, para consolidar el diálogo directo con los distintos actores relacionados con el proyecto y recibir la mayor cantidad de observaciones de instituciones públicas, entre ellas el Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Defensoría del Pueblo, representantes de la sociedad civil, así como de varios expertos en derecho constitucional, administrativo y de operadores de justicia.
La norma prevé que la potestad jurisdiccional se ejercerá por los jueces en forma especializada, acorde a su formación académica y profesional. Sin embargo, únicamente como excepción, en lugares con escasa población de usuarios un juez podrá ejercer varias o la totalidad de especializaciones en todas las áreas sobre las que vaya a conocer y resolver. Tratándose de jueces multicompetentes será obligación del órgano competente capacitar al juzgador.
Debate
En el debate, en el cual participaron ocho legisladores, se manifestó la coincidencia en la necesidad de introducir reformas al Código de la Función Judicial en lo que atañe a la aplicación del principio de especialidad de los jueces, así como para regular los procesos de recategorización de jueces y fiscales. Sin embargo, se advirtió que incluir como causal de cese de funciones la supresión de partida, esta podría ser utilizada como mecanismo de chantaje en contra de los operadores de justicia.
Mencionaron, entre otros aspectos, que se garantice la independencia de la Función Judicial y su autonomía para resolver sobre los traslados de jueces, fiscales y defensores públicos, en función de las necesidades institucionales, así como la urgencia de propiciar mecanismos de coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria.
El proyecto, que consta de 23 artículos; una disposición general única; dos disposiciones reformatorias a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; cuatro disposiciones transitorias; y una disposición final, regresó a la Comisión de Justicia para la elaboración del informe previo al segundo debate.
EG/pv
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