Dentro del proceso de fiscalización que la Comisión de Garantías Constitucionales sigue en el caso de la muerte del líder indígena de la comunidad Cofán-Dureno, Eduardo Mendúa, se convocó a autoridades del Gobierno Nacional para responder varias inquietudes de los miembros de la mesa legislativa.
Esta vez comparecieron Henry Cucalón, ministro de Gobierno; Deysi Manzano, gobernadora de Sucumbíos; Marcelo Córdova, secretario nacional de Pueblos y Nacionalidades; Manuel Solano, de la Defensoría del Pueblo; y, Edwin Hernández, miembro de la comunidad Cofán-Dureno, quien relató los hechos en torno al asesinato de su compañero Eduardo Mendúa.
Hernández manifestó que desde hace siete años existe una división en la comunidad Cofán - Dureno, debido a la incursión arbitraria de Petroecuador para la extracción petrolera. Dijo que las acciones cometidas por la empresa pública han ocasionado la confrontación entre los líderes.
La gobernadora de Sucumbíos expuso videos y fotografías en los que se mostraba, además de su gestión en territorio junto a la Policía y la comunidad Cofán - Dureno, reuniones con Eduardo Mendúa y Silverio Criollo, en las que firmaron acuerdos de paz.
La legisladora Paola Cabezas cuestionó las acciones de la gobernadora, a quien responsabilizó por no haber tomado acciones efectivas para reducir los riesgos de confrontación entre los líderes de la comunidad.
De su parte, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón informó que el presidente de la República, Guillermo Lasso, se solidarizó con los familiares de Mendúa y dispuso a la Policía Nacional iniciar las investigaciones inmediatamente. Manifestó que el caso está en la Fiscalía del Estado, para descubrir el móvil del crimen.
Los legisladores Édgar Quezada y Comps Córdova cuestionaron al ministro sobre qué tipo de acciones ha tomado el Gobierno Nacional en el caso. Cucalón respondió que han trabajado previamente trece mesas de mediación, en las que inclusive se alcanzaron acuerdos de paz.
La asambleísta Sofía Sánchez cuestionó también la actuación de Petroecuador y rechazó que no se haya aplicado una consulta previa para que la comunidad decida el ingreso o no de la empresa pública a su territorio, mientras que Guadalupe Llori recordó que este caso lleva varios años y que entiende muy bien la indignación de la comunidad. Sugirió instalar mesas de conciliación para terminar las confrontaciones entre hermanos cofanes.
Freddy Ramos, viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior, expresó que la Policía actuó inmediatamente con la detención de la persona que conducía la barca en la que huyeron los asesinos de Mendúa, que activó el sistema de monitoreo en Sucumbíos, se brindó seguridad a los familiares del fallecido, pero es la Fiscalía la que dirige las actividades especializadas,
Manuel Solano afirmó que la Defensoría del Pueblo desconocía la denuncia de Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, sobre los conflictos entre la comunidad Cofán – Dureno y Petroecuador, razón por la que no podían tomar acciones al respecto. Sin embargo, indicó que la institución se mantiene alerta hasta que se resuelva el caso.
En otro ámbito, la comisión resolvió unificar los proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades.
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