El mejoramiento de las infraestructuras como factor prioritario para conseguir el progreso y la inclusión social, el crecimiento económico, el fortalecimiento de la cohesión territorial y de la integración regional, el desarrollo del tejido empresarial y la competitividad e internacionalización de las empresas, fue una de las conclusiones de la Mesa de Trabajo No 2 del VIII Foro Parlamentario Iberoamericano, en la que participó el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.
También, decidió profundizar los esfuerzos tendentes a implementar políticas de Estado nacionales y de integración regional en el área de las infraestructuras de transporte que, aprovechando las potencialidades de este mundo globalizado, partan de la planificación y sirvan de base para el desarrollo de sistemas de transporte multimodales, así como para incrementar las inversiones que permitan subsanar el déficit de infraestructuras existente en los países de América Latina.
Además, desarrollar la labor de planificación estratégica, como instrumento indispensable para fijar los objetivos de desarrollo establecidos por las políticas de Estado, priorizando los proyectos que presenten mayor beneficio socioeconómico y considerando el transporte de forma integrada con diseño de redes multimodales y sostenibles, para de este modo ajustar el costo de los programas de inversión pública, crear un marco estable de inversión y permitir que éste no se oriente exclusivamente a la creación de nuevas infraestructuras, sino también a la modernización y necesario mantenimiento de las existentes.
Asimismo, tener presente, a la vista de las conclusiones de la cumbre de Rio +20 celebrada en Brasil, el efecto en el medio ambiente de las infraestructuras, dado que el transporte es uno de los sectores con mayor potencial de actuación en la lucha contra el cambio climático, orientando la actuación de los poderes públicos a potenciar el uso del transporte público en las ciudades y, con carácter general, a los modos de transporte más sostenibles, como el transporte ferroviario, el fluvial y el transporte marítimo de corta distancia.
Por último, decidió establecer un marco institucional y regulatorio estable que permita implantar las experiencias de más éxito, proporcione seguridad jurídica a las empresas, simplifique la normativa y reduzca las cargas administrativas innecesarias, para definir políticas que garanticen la transparencia y que se mejore la capacidad de formulación, evaluación y ejecución de proyectos.
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