Ante la Comisión de Justicia comparecieron autoridades del Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión (DINASED) para rendir cuentas de las acciones que han adoptado ante la desaparición de personas en el país.
A la sesión también acudieron familiares de personas desparecidas desde diversas provincias del país, quienes demandaron justicia y oportunidad en el desarrollo de los procesos legales, pues -según advirtieron- se topan con muchos obstáculos en los órganos encargados de la investigación y los responsables de los procesos legales.
Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desparecidas del Ecuador (ASFADEC), enfatizó que un Estado sin justicia es un Estado sin democracia y desde ese punto de vista demandan oportunidad y diligencia en las investigaciones y en los procesos legales.
Manifestó que en las familias existe preocupación por la actuación de fiscales y operadores de justicia, lo que les ha motivado a realizar varios plantones ante el Consejo de la Judicatura, pero que no les dan respuestas claras, pues se limitan a decir que se archivan los expedientes porque en las demandas no se ha citado de manera adecuada las normas legales.
Como familiares de personas desaparecidas no nos vamos a callar, vamos a seguir alzando nuestra voz, para que nuestros seres queridos no se queden en el olvido, enfatizó al señalar que el Consejo de la Judicatura tiene la obligación de proteger y defender a las personas y garantizar que se cumpla el debido proceso.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán inició su intervención expresando su solidaridad con los familiares de las personas desaparecidas. Explicó que desde el punto de vista legal ante la desaparición de una persona no se puede hablar de una infracción contra la vida.
Informó que según la información obtenida de los 16 casos que investiga la Comisión de Justicia, 10 se encuentran en la etapa de investigación previa, de lo que debe responder la Fiscalía General del Estado; seis han sido judicializados, de ellos cinco fueron archivados y uno concluyó con sentencia condenatoria. También detalló las fallas que se han detectado en el desarrollo de los procesos legales, las acciones administrativas y las sanciones que se han aplicado a los operadores responsables.
A la sesión también acudieron Wilson Toainga, Alejandro Baño y Verónica Murgueytio, en representación de la Fiscalía General del Estado y otras autoridades de la Defensoría del Pueblo y la DINASED, quienes informaron las acciones realizadas.
El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo explicó que a través de esta gestión de control político, se buscan respuestas y acciones concretas para evitar que los familiares tengan que realizar verdaderos “peregrinajes dolorosos” para que puedan ser atendidas por las autoridades responsables, así como exigir a los investigadores, técnicos, operadores de justicia y policías especializados el despacho oportuno de los casos.
Así mismo, demandó del Consejo de la Judicatura emprender procesos de capacitación a los servidores judiciales y fiscales para prevenir trabas, inconvenientes y oros problemas en la administración de justicia, como han denunciado los familiares de personas desaparecidas.
Los legisladores insistieron que los órganos competentes deben trabajar de manera coordinada y articulada para dar una respuesta a los familiares de las víctimas, a quienes se les debe brindar el debido acompañamiento, incluido el psicológico.
PV
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