La Comisión de la Niñez analizó y aprobó del articulado correspondiente al Libro IV del proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA), referente a lineamientos de seguridad en los centros de atención integral, uso de la fuerza y actuaciones de seguridad en situaciones de emergencia.
Según el documento que pasará a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, el organismo ejecutor adoptará la normativa, protocolos, manuales y demás instrumentos necesarios para que en los centros de atención integral se proteja la integridad física, psicológica y sexual de los adolescentes sujetos a medidas socioeducativas de internamiento preventivo, de sus servidores y visitantes, frente a cualquier tipo de riesgo.
También determina que la seguridad externa de estos centros estará a cargo de la unidad de policía especializada de niñas, niños y adolescentes, la cual no puede permanecer ni cumplir actividades en el interior de los centros de atención integral, excepto en los casos expresamente establecidos en este Libro.
Además, la normativa prohíbe el uso de la fuerza y coerción física, ilegítima, arbitraria y desproporcionada en los centros de atención integral; se podrá usar la fuerza y otros medios de coerción física en caso establecidos en esta norma.
Así mismo, en caso de que se presenten situaciones emergentes, tales como actos de violencia entre adolescentes o hacia el personal del centro de atención integral como intentos de autoinfringirse daño con una arma, de fuga, alteración del orden, entre otros de similar naturaleza, se podrá utilizar mecanismos de control, para lo cual se recurrirá al uso progresivo de la fuerza.
De acuerdo con la norma, el uso de mecanismos de coerción tendrá como propósito el control de la situación, en ningún caso infringir daño al adolescente o adolescentes; el ingreso de la unidad especializada de las niñas, niños y adolescentes al centro de atención integral, procederá únicamente a petición del coordinador o con la orden judicial. La decisión deberá notificarse de inmediato a la Fiscalía y a las autoridades del organismo ejecutor en el plazo máximo de 24 horas.
Igualmente, establece que la orden judicial no será necesaria en casos de amotinamiento o violencia al interior del centro de atención integral; sin embargo, se informará al juez especializado de control jurisdiccional en el plazo de 24 horas; y, en ningún caso la unidad de policía especializada de niñas, niños y adolescentes podrá ingresar con armas de fuego, únicamente emplearán equipamiento disuasivo y de control.
HC/pv
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