El defensor del Pueblo, César Córdova, en su comparecencia ante la Comisión de Garantías Constitucionales, ratificó que hubo vulneración de derechos de los comuneros, en los hechos ocurridos en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, los días 23 y 24 de enero de 2023, con la presencia de efectivos militares y policiales que prestaban seguridad a una compañía minera.
Subrayó que el dinero del narcotráfico es igual al dinero que circula en el mercado como producto de la minería ilegal, a la vez aseguró que existen mafias que están enquistándose en diferentes sectores. En el caso de lo ocurrido en Buenos Aires, dijo que le llama la atención cómo se realiza un amplio despliegue militar y policial para impedir la presencia de comuneros de la zona, en defensa de una transnacional, cuando hay una crisis de seguridad pública en el país.
El delegado de la Defensoría del Pueblo en Imbabura, Luis Cueva, presentó videos y fotografías con los cuales demostró la detención arbitraria de comuneros, el trato degradante que se les dio, atándoles las manos con cinta de embalaje y otros vejámenes que están debidamente documentados. Inclusive, añadió, “se pretendió evitar que nosotros, como funcionarios de la Defensoría, ingresemos al lugar para cumplir nuestro trabajo”.
Indicó que existe un contrato de servidumbre de paso en una franja de terreno, por 24 hectáreas, por el cual la compañía paga mil dólares mensuales y una instalación, denominada Puesto de Mando de Fuerzas Armadas, cuando se trata de una actividad privada, razón por la cual no entienden cómo se permitió que exista dicho espacio.
La Defensoría reveló que ha realizado todas las acciones para que las autoridades expliquen estos sucesos. Les parece extraño, también, que la Fiscalía del Estado no haya llegado a tiempo, cuando ocurrían presuntos delitos.
Retiro de bonos
De otro lado, el Defensor del Pueblo informó que se tomaron acciones inmediatas frente a las denuncias de personas que han sido indebidamente eliminadas o separadas del sistema para la entrega de bonos, que otorga el Estado a personas en condición de vulnerabilidad. Se ofició al Ministerio de Inclusión Económica y Social, así como a la Dirección de Registro Social para que expliquen las razones por las cuales se determinó la suspensión o eliminación de estos beneficios.
Entre tanto, el ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Esteban Bernal aseguró que no existe ni un solo ciudadano al cual se le haya eliminado o suspendido el bono, sin que se haya verificado previamente que ha perdido el derecho, porque sus condiciones económicas han cambiado y ha rebasado el umbral de pobreza establecido para acceder a este beneficio.
Aseveró que la Dirección de Registro Social es el órgano encargado de establecer, mediante parámetros técnicos, la línea de pobreza y, sobre esa base, el MIES, determina el umbral para el pago del respectivo beneficio.
Si alguien pertenecía al quintil de pobreza pero cambió su condición porque accedió a un empleo formal, por más que quisiéramos, no podemos mantenerlo en el sistema; nosotros realizamos un cruce de información con otras instituciones y de ese modo se produce la inclusión, suspensión o eliminación del sistema. “No podemos pagar el bono a quien ha salido de la línea de pobreza, porque sería un pago indebido y el efecto sería la destitución del cargo”, enfatizó.
Mientras, Diana Apraes, directora del Registro Social, recordó que el trabajo de la entidad es eminentemente técnico y que la línea base de pobreza es el insumo para que el MIES determine el umbral para el pago de los beneficios económicos que entrega el Estado.
El organismo legislativo se comprometió a continuar estas acciones de control político, para que las entidades públicas informen de manera motivada los procedimientos y las razones por las cuales los ciudadanos pueden ser excluidos de un beneficio que otorga el Estado para personas, en muchos casos, con vulnerabilidad multidimensional.
EG/pv
Más fotografías:
