La presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Silvia Salgado Andrade, informó que en el informe borrador del caso Cofiec-Duzac, entre las conclusiones, se establece que desde el momento que se dio el desembolso no existieron las garantías; se omitió un informe que daba cuenta de los riesgos que tenía el crédito, pese a lo cual fue aprobado en instancias tanto del Comité de Crédito como del Directorio; las garantías ofrecidas fueron de entidades incautadas y que estaban bajo administración del fidecomiso.
Agregó que también se advierte que el desembolso se realizó al siguiente día de la aprobación del crédito por parte del Directorio, es decir el 20 de diciembre y se lo hizo a dos cuentas hacia el extranjero; que se cambió el objeto del crédito, porque se solicitó para un tema y se terminó comprobando que ese dinero sirvió para comprar acciones por parte del señor Duzac en la empresa Scanbuy.
En este sentido, la legisladora dijo que a partir de las 16h30 del día hoy, los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Control Político conocerán y analizarán el informe borrador respecto de la investigación sobre el préstamo otorgado por el Banco COFIEC, a favor de Gastón Heberto Duzac o a empresas relacionadas con él y sobre las empresas que hubiesen sido sus garantes.
Señaló que en la investigación se establecen tres ejes: se recogen aspectos de lo que ha significado todo el proceso de crédito hasta el desembolso de este crédito; luego viene el proceso de trámites internos respecto a garantías, a cubrir omisiones inclusive, en lo que debería haberse hecho al inicio del proceso; en un segundo momento luego del desembolso; y, el tercero, es el que después que este crédito vence cuáles son las acciones legales, administrativas y políticas que se han dado
Silvia Salgado al destacar que en esta investigación partieron del informe de auditoría de la Superintendencia de Bancos, manifestó que han requerido información al Banco Central, al Fidecomiso AGD – CFN No más Impunidad; a la CFN, Cancillería, Procuraduría y a todas las instituciones públicas que de alguna manera tenían que informar o certificar alguna información y obviamente a los funcionarios y ex funcionario de Cofiec.
Subrayó que con el propósito de disponer de información suficiente y competente para esclarecer el caso, el Pleno de la Comisión, requirió documentación a funcionarios públicos, conforme lo señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se receptaron declaraciones de los funcionarios y ex funcionarios de COFIEC S.A, relacionados con el crédito, así como del Superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines, quien a su vez proporcionó información y documentos oficiales resultado de una auditoría y exámenes relacionados con el tema sujeto a investigación.
Agregó que esta revisión no pretende reemplazar un análisis técnico o emitir juicios de valor que interfieran en las acciones de control que desarrollen tanto la Superintendencia de Bancos, como la Contraloría General del Estado; de igual manera tampoco se pretende emitir opiniones que puedan interferir en los procesos de investigación que de acuerdo con sus responsabilidades, está desarrollando la Fiscalía General del Estado.
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