Ante la Comisión de Régimen Económico, el contralor general del Estado, Carlos Riofrío amplió la información relativa a la rendición de cuentas correspondiente al año 2022. Dio a conocer que existen 3.398 entidades sujetas a control, entre estatales y de derecho privado que disponen recursos públicos a nivel nacional.
Entre la información presentada, subrayó que se han desarrollado 391 exámenes especiales a entidades de desarrollo seccional como son los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas, 91 a entidades de educación, 74 a la función central, 49 a entidades de recursos naturales, 47 a las dedicadas a salud, 42 a entidades judiciales; y, 40 a instituciones de seguridad social.
Indicó que se han aprobado 1.352 informes de los cuales 232 presentan indicios de responsabilidad penal. Agregó que la Contraloría cuenta con una aplicación para el seguimiento de las recomendaciones, que facilita la administración de las recomendaciones y el registro de acciones correctivas, lo que agilita la ejecución de exámenes al cumplimiento de recomendaciones. Además, cuenta con el sistema de casillero electrónico que optimiza el proceso de control, mejora la comunicación y disminuye los costos y tiempos del proceso.
En otro orden, ante los cuestionamientos de los comisionados, el Contralor expresó que en el examen especial realizado a la Empresa Pública Flopec en el periodo del 1 de enero a 31 de diciembre de 2020, respecto de los contratos y pagos a la empresa Amazonas Tankers, la Contraloría determinó responsabilidades administrativas y civiles, por lo que una de las recomendaciones fue que el gerente general y el gerente comercial de Flopec realicen estudios y emitan informes financieros, técnicos y legales que permitan tomar decisiones informadas sobre la conveniencia de mantener o no la modalidad de contrato actual.
Asimismo, confirmó que en el informe remitido por la Comisión de Régimen Económico en diciembre de 2022, como en el informe entregado en marzo 2022 por la legisladora Mireya Pazmiño, no constan recomendaciones sobre la terminación o continuidad de contrato, sino que se recomienda realizar los estudios pertinentes para determinar la utilidad o el perjuicio que esos contratos le causan al Estado.
Finalmente, informó que el 8 de febrero 2023 emitió una orden de trabajo para iniciar un examen especial a la declaración patrimonial juramentada de Hernán Luque, exgerente de EMCO.
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