La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe respecto de la rendición de cuentas de la gestión del Defensor Público en el año 2022, al que realizó varias observaciones que serán puestas en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.
La vicepresidenta de la mesa legislativa, Victoria Desintonio advirtió que el informe del Defensor contiene algunas imprecisiones, entre ellas, la reducción de más de un millón de dólares en el presupuesto de la institución, lo que afectó al proyecto de inversión y renovación de la infraestructura tecnológica para la prestación de servicios defensoriales durante el 2022.
Asimismo, sugirió incluir como un anexo el informe de planificación de actividades y atención ciudadana, que no presentó el defensor Ángel Torres en sus primeras comparecencias.
También advirtió que los concursos de méritos y oposición son gestionados por el Consejo de la Judicatura, mas no por la Función Judicial, como erróneamente constaba en el informe.
El legislador, Edgar Quezada insistió en su recomendación para que la Defensoría Pública respete la Ley Amazónica, de modo que sean defensores públicos amazónicos quienes cumplan las funciones institucionales, y no delegados de otras provincias.
Mario Ruiz en sus recomendaciones reiteró la necesidad de asignar el presupuesto para la selección de defensores públicos provinciales.
La legisladora Shyrabel Loor, luego de acoger las observaciones propuestas, mocionó la aprobación del informe, que fue respaldada por 9 asambleístas.
La Comisión de Garantías Constitucionales pondrá en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el documento aprobado.
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