El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el segundo debate del proyecto de Ley de la Defensoría del Cliente, por el cual se incluye en el Libro Primero del Código Monetario y Financiero la sección 4.1 del Defensor del Cliente del Sector Financiero Popular y Solidario, a fin de garantizar los derechos de los ciudadanos para ejecutar reclamos justos y una atención de calidad, en las cooperativas, mutualistas y cajas de ahorro, entidades que pertenecen a este segmento económico.
La Comisión de Régimen Económico, en el curso de los siguientes ocho días, se reunirá para recoger los aportes y sugerencias de varios legisladores para ajustar la normativa y elaborar el texto definitivo que será sometido a votación. Para el efecto, el titular del Parlamento, Virgilio Saquicela Espinoza, aceptó el pedido de la asambleísta Mireya Pazmiño, presidenta de la mesa legislativa y ponente del informe, y suspendió el trámite de este punto, que se retomará cuando esté listo el articulado final.
Mireya Pazmiño recordó la importancia de contar con defensores para los usuarios de las instituciones del sistema financiero popular y solidario, razón por la cual se propone incluir una sección en el Código Monetario y Financiero, considerando las particularidades de este segmento de la economía, en el cual los socios de las cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, también son usuarios o clientes por los créditos, depósitos, retiros y demás transacciones que realizan, tanto en ventanilla, como en cajeros automáticos o por medios telemáticos.
Recordó que el objetivo de la propuesta era más amplio, pero se estableció que esta reforma es indispensable para amparar los derechos de los usuarios del sistema financiero popular y solidario. Sin embargo, solicitó se suspenda el trámite del proyecto por ocho días, a fin de incluir en el texto las sugerencias de varios legisladores, antes de someterlo a votación, al tenor de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Debate
A más de la ponente, Mireya Pazmiño, intervinieron los asambleístas Mario Ruiz y Ramiro Narváez. Ruiz se mostró partidario de que la reforma ampare a los socios y a los clientes del sistema financiero popular y solidario para canalizar adecuadamente sus reclamos, tomando en cuenta que los usuarios de este segmento son más de seis millones de personas.
Mientras, Ramiro Narváez propuso que se acojan los cambios relacionados con los defensores del cliente en las instituciones financieras privadas para que haya mayor atención a los reclamos, ya que no es dable que un banco, con más de cuatro millones de clientes, con sede en Quito, por ejemplo, obligue a los reclamantes de otras ciudades a trasladarse a la capital para canalizar su pretensión ante el defensor. “Deberían existir más defensores, considerando el universo de clientes, ya sea a nivel provincial o regional y fortalecer su rol para proteger efectivamente los derechos de los usuarios del sistema financiero”, añadió.
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