Ante la Comisión de Régimen Económico, comparecieron el ministro de Producción, Julio Prado; autoridades del Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN; Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE; y, de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) para informar sobre la derogatoria de reglamentos técnicos emitidos por el INEN, referente a la política pública de calidad y productividad para el desarrollo nacional.
El ministro Prado explicó que el Decreto 068, que nace del Plan Nacional de Desarrollo Creando Oportunidades, busca organizar la política de competitividad y pasar a acciones puntuales y concretas que permitan avanzar sobre la productividad, la reducción de costos y la mejora del acceso al mercado local e internacional.
Informó que dicho decreto tiene cuatro ejes fundamentales: comercial y arancelario; fomento a la producción y la calidad; promoción, exportación y competitividad; y, atracción de inversiones nacionales y extrajeras. El eje del fomento a la producción y la calidad busca crear una política de calidad para garantizar una oferta o una infraestructura de calidad adecuada, para que los productos que lleguen al mercado cuenten con normas adecuadas, sanitarias, de calidad e inocuidad de tal forma que no solo cuide la salud de los consumidores, sino que cuente con los estándares mínimos de calidad en temas productivos como por ejemplo los que norma el INEN en Ecuador.
Sobre el porcentaje de productos de primera, segunda y tercera calidad ingresados al país con mayor frecuencia desde la derogatoria de los reglamentos técnicos emitidos por el INEN, Ralph Assaf Nader, director Ejecutivo del INEN, aseguró que dichos reglamentos no establecían parámetros de clasificación de segunda y tercera calidad. Esta derogatoria responde a la inexistencia de requisitos para la protección de objetivos legítimos o por duplicidad regulatoria existente, precisó.
En cuanto a los procesos administrativos para productores e importadores, manifestó que los beneficios están alineados en la simplificación de trámites, procedimientos y procesos; armonización y uniformidad de los trámites y regulaciones vigentes en el ordenamiento jurídico.
La comisión no aceptó la participación de los delegados de la Senae y de Arcsa, en razón de que las autoridades principales deben responder sobre el tema.
Tras las comparecencias, que responden a la disposición del Pleno de la Asamblea Nacional de 14 de abril de 2022, la mesa legislativa emitirá un informe que será conocido en sesión plenaria de la Legislatura.
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