El Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad de los 121 asambleístas presentes, aprobó el informe de fiscalización y seguimiento a la minería ilegal en el sector Yutzupino, parroquia Puerto Napo, cantón Tena, provincia de Napo, por el cual exige al Presidente de la República que, en un plazo no mayor a 60 días, reforme el Decreto Ejecutivo 754, de 6 de mayo del 2011, que crea la Comisión para el Control de la Minería Ilegal, para fortalecer dicho cuerpo colegiado; así como la asignación presupuestaria y capacidad de ejecución para ejercer las funciones de coordinación, asesoría, activación de operativos y seguimiento.
Así mismo, que incorpore como miembros activos de la comisión a la Fiscalía General del Estado, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional y que, en un plazo similar al anterior, reforme el Decreto Ejecutivo 151, de 5 de agosto del 2021, que expide el “Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador”, previa evaluación del cumplimiento de las disposiciones emitidas a los entes inmersos en el control y seguimiento de las actividades mineras legales e ilegales.
Recomienda al Ministerio del Interior que constituya un “Comité Técnico”, con delegados de los colectivos sociales de Napo, de la academia local, de la Comisión para el Control de la Minería Ilegal y del equipo técnico de la Comisión de Biodiversidad, para realizar un informe de valoración económico, que abarque el análisis de producción y pérdidas del Estado por la extracción ilegal del recurso minero. Otras recomendaciones van dirigidas a los Ministerios de Energía y Minas, de Ambiente; de Salud, de Transporte; a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables; a la Fiscalía General del Estado; y a la Contraloría, para que tomen acciones de investigación, sanción, remediación y reparación, según sus competencias.
Washington Varela, ponente del informe, expuso el trabajo de la Comisión de Biodiversidad en torno al tema de la minería ilegal en el cantón Tena. Indicó que recibieron a las principales autoridades del Estado vinculadas con el sector minero; y, a representantes de colectivos sociales y de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
Se determinó que, efectivamente, existen actividades de minería sin licenciamiento, sin autorizaciones, que tienen como resultado la contaminación del agua y de otros recursos indispensables para el ecosistema. Explicó que a través de 24 conclusiones y 46 recomendaciones, la Comisión plasma el trabajo de fiscalización desarrollado junto con la comunidad, para saber cuáles son los problemas que enfrenta Napo, en torno a la minería legal e ilegal, sin que haya respuesta de las autoridades.
Comisión general
Previamente, el Pleno recibió en comisión general a José Moreno, representante de los colectivos sociales de Napo; Sandra Rueda, del Consejo de Derechos Humanos y de la Naturaleza; y al delegado de la Defensoría del Pueblo en Napo, Andrés Rojas, quienes coincidieron en la necesidad de hacer justicia con la Amazonia y tomar acciones para frenar la devastación de Napo, especialmente en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena Tola, donde se ejercen actividades mineras ilegales.
Moreno dijo que las operadoras mineras están matando a los amazónicos; son 130 hectáreas devastadas, donde antes había vegetación, hoy solo existe contaminación y las próximas generaciones no podrán aprovechar del suelo para actividades agrícolas, dijo. Mientras, Sandra Rueda recordó que la justicia, en dos instancias, a través de acciones de protección, dio la razón a los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, porque no se toman las medidas para hacer respetar tales pronunciamientos.
Entre tanto, Andrés Rojas calificó a toda actividad minera en Napo como ilegal, porque se han vulnerado derechos, considerando que las autorizaciones y licenciamientos otorgados por el Estado se hicieron sin cumplir el derecho de la comunidad a la consulta previa, libre e informada. “No podemos permitir que un ecosistema tan frágil como en el de la Amazonía, sea devastado, causando un enorme daño ambiental”, enfatizó.
En el debate intervinieron nueve legisladores quienes expresaron su respaldo al informe de la Comisión de Biodiversidad y, a la vez, pidieron que se investiguen otros casos de minería ilegal y contaminación en las provincias de Orellana y Sucumbíos, entre otras.
EG/pv
Más fotografías:
