Este viernes, 14 de abril, la Comisión del Derecho a la Salud inició el tratamiento de un nuevo proyecto de Ley de Salud Mental que será incorporado en el informe para segundo debate de la ley que sobre esta materia se debate en la Legislatura. Esta propuesta legal, que está vinculada al bienestar, busca precautelar y prevenir las enfermedades mentales mediante el trabajo articulado con los entes especializados.
Así lo dio a conocer el asambleísta Daniel Onofa, tras explicar los alcances de su iniciativa legal. Enfatizó que el objetivo es reposicionar la salud mental; reconocer los servicios de salud mental como un componente esencial en el sistema nacional de salud; cobertura sanitaria universal de salud mental; reconocer a la salud mental vinculada a la rehabilitación de los derechos humanos y sociales de todas las personas que padezcan la enfermedad, entre otros.
Reiteró que se trata de establecer un marco jurídico eficaz para promover, regular y garantizar a todas las personas el pleno ejercicio del derecho a la salud mental y psicológica que les permita disfrutar del mayor nivel posible de bienestar. Se busca erradicar la discriminación de los pacientes, acotó.
Onofa explicó que el proyecto tiene dos aspectos fundamentales: nueva visión general y cambios de paradigma; y, política de prevención integral. Además, propone un plan nacional de promoción y prevención de salud mental ligada a la prevención integral como eje de política pública con participación intersectorial de las personas naturales o jurídicas, del sector público o privado, la familia o la comunidad.
Dijo que con la propuesta los GAD tienen la obligación de implementar políticas, planes y programas de salud mental.
Otorga deberes y atribuciones específicos a la Defensoría del Pueblo como entidad encargada de la protección y tutela de los derechos de los ecuatorianos; contempla una propuesta de procedimiento para la revisión de la legalidad de los internamientos involuntarios, basado en la oralidad, a través de audiencias, que necesariamente deberá ser consultada y perfeccionada con los organismos competentes de la Función Judicial.
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