La Comisión de Fiscalización y Control Político, por unanimidad de sus nueve integrantes, aprobó la actuación de 35 pruebas de oficio, 32 de ellas de tipo documental y tres testimoniales, en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, presentada por los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo.
Entre las pruebas de oficio solicitadas por los asambleístas Comps Córdova, Gabriela Molina, Bruno Segovia y Fernando Villavicencio constan requerimientos de información para la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP), sobre la renovación del contrato con Amazon Tankers, de diciembre de 2022; al Servicio Nacional de Contratación Pública, sobre el referido contrato. También a la Comisión de Transparencia de la Asamblea; a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), sobre el título que posee el señor Hernán Luque.
Así mismo, se solicita documentación de la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía, al Presidente de la República, al Ministro de Energía y al Director de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); como también a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea y al Presidente del Directorio de Flopec EP.
Sobre las comparecencias, se solicita el testimonio del contralor general del Estado, Carlos Riofrío y del director nacional de Auditoría de Transporte, Vialidad, Infraestructura Portuaria y Aeroportuaria de la Contraloría, Manuel Mesías Arroyo, al igual que a Carlos Xavier Varela, exdirector nacional de Auditoría en la materia citada, quien suscribió el informe del examen especial a los procedimientos de contratación y pago de los contratos “Time Charter”,
Oficio presidencial
Finalmente, la mesa legislativa conoció el oficio de respuesta del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, al juicio político planteado en su contra, por el cual solicita la práctica de varias pruebas documentales y testimoniales, como parte del ejercicio de su legítimo derecho a la defensa.
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