En el marco del tratamiento del proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución, presentado por el Presidente de la República, la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales recibió los criterios de representantes de organizaciones sociales y de la academia.
El jurista Eduardo Argudo subrayó que la propuesta coadyuva a resolver determinadas acciones, pero no resuelve los problemas de crimen organizado transnacional. Destacó que los límites de acción que tendrían la Policía Nacional y Fuerzas Armadas deben estar claramente especificados.
Advirtió que la norma podría facilitar que el Ecuador pase de ser Estado democrático a un Estado militarizado.
Daniel Carbo, especialista en materia penal, precisó que la actuación de la Fuerzas Armadas está limitada por los tratados internacionales para asegurar que su intervención no atente contra los derechos humanos.
“El Estado debe dar una respuesta, pero no puede ser en función del populismo penal, que no resuelve los problemas latentes de la sociedad que se estructuran por el abandono del Estado en temas sociales”, agregó.
El catedrático de la Universidad de Guayaquil, Lyonel Calderón indicó que en este caso la exposición de motivos para solicitar la intervención de Fuerzas Armadas es relevante. Por ello planteó que si no se motiva correctamente la solicitud, esta debe ser rechazada. Además, consideró adecuado sustituir el término extraordinario por excepcional, de tal manera que clarifique que la intervención no es habitual.
Sugirió incluir a la Función de Transparencia y Control Social para realizar el control respectivo, además del que hace la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional.
Finalmente, Fernando Bastías, defensor de derechos humanos, rechazó la reforma, enfatizando que el problema del crimen organizado es estructural, que se ha interiorizado en la sociedad y se ha incrustado en las instituciones del Estado. Por ello destacó que el crimen organizado merece un trabajo mucho más eficiente y real que el que se propone en el proyecto del Ejecutivo.
Advirtió que esta medida podría mantener al país militarizado. Añadió que “el Estado tiene la obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos”.
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