Representantes de la sociedad civil y autoridades de instituciones del sector público acudieron a la Comisión de Garantías Constitucionales a exponer sus observaciones al proyecto de Ley de Discriminación Racial y la Inclusión Étnica y Cultural y al proyecto de reformas a la Ley de Personas Adultas Mayores.
Karol Francis, del colectivo Mujeres de Asfalto, de Esmeraldas, advirtió la necesidad de implementar políticas públicas de justicia y reparación para las personas víctimas de discriminación, a la vez sostuvo que el sistema educativo debe mantener una sinergia entre docentes, alumnos y familia, apoyados con material académico que hable sobre la problemática que han enfrentado los pueblos y nacionalidades a través del tiempo.
Cayetano Tenorio, de la Asociación Mayoritaria de Afrodescendientes del Ecuador, se refirió a las normas que han intentado regular el derecho de los afrodescendientes contra el racismo, pero que no han tenido resultados positivos, porque “no hay un sistema integral ni autoridades que pongan razón, corazón y legalidad a lo que es la prevención y el combate al racismo”.
Rechazó la falta de inversión para el pueblo afrodescendiente por parte de los dos últimos gobiernos. Puso como ejemplo a la provincia de Esmeraldas que, a su criterio, está sumida en la pobreza y delincuencia, por lo que pidió que se apruebe el proyecto.
El criterio de Juan Ocles, del Centro de Desarrollo y Equidad Racial del Ecuador, aseguró que el pueblo afroecuatoriano tiene problemas en materia de movilidad, porque “no se nos permite transitar o permanecer en ciertos espacios, por no estar habilitado para nuestra población; corremos el riesgo de que la Policía nos persiga”. También habló sobre el sistema nacional para erradicar la discriminación racial y que para ello, la rectoría debe recaer en una institución especializada y no en el ente de derechos humanos.
De parte del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), John Antón, sostuvo que es necesario actualizar el concepto de racismo. Comentó que en la actualidad, se vive un racismo sistémico o institucional, que se manifiesta con prejuicios sociales, violencia policial, perfilamiento racial marginación socioeconómica. El proyecto debe enfocarse en la elaboración de perfiles raciales, policiales, detenciones, registros con prejuicios raciales en bancos y aeropuertos”, agregó.
Estuvo presente también, el delegado de la secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, Milton Llasag, quien indicó que desconocía la razón de la convocatoria, y que, a su consideración, la secretaría a la que representa no formaba parte del sistema de instituciones que consta en el proyecto de Ley. La asambleísta, Paola Cabezas llamó la atención al funcionario público por presentarse sin aportes y por aseverar que la secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades no forma parte de las instituciones que representan al pueblo afrodescendiente.
En la reunión participaron también representantes de la Subsecretaría de Nacionalidades, Pueblos y Movimientos Sociales, de los Ministerios de la Mujer, de Relaciones Exteriores y de la Defensoría del Pueblo.
En otro ámbito, la comisión recibió las comparecencias del Consejo de Protección de Derechos y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para continuar el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Personas Adultas Mayores.
Alexandra Ayala, del Consejo de Protección de Derechos, centró sus observaciones en la inclusión, violencia patrimonial, regulación de los sitios de protección y cuidado de los adultos mayores.
Iván Villarreal, secretario del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, dijo que era prioritario incluir en el articulado el enfoque de discapacidades, articular y diferenciar competencias de las instituciones que forman parte del sistema de atención a los adultos mayores, y mantener el término de “ciudades accesibles”, como consta en la Ley vigente.
Finalmente, en representación del IESS, Alexandra Valdospinos observó la necesidad de cumplir los deberes de la familia con la persona adulta, esto es, la afiliación para el adulto mayor. “En este caso, los adultos mayores que no han tenido alguna actividad económica serán los familiares quienes realicen sus aportes a la Seguridad Social”, añadió.
A esta reunión también fueron citados los directivos del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, pero se excusaron, por lo que se les volverá a convocar.
KC/pv
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