Este jueves, 20 de abril, el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá dos sesiones. En la continuación de la 862, convocada para las 09h00 tratará en primer debate el proyecto de Ley de Seguridad Digital que crea herramientas para viabilizar los procesos para la prevención, identificación, mitigación, respuesta y resiliencia frente a las amenazas, riesgos e incidentes en el ciberespacio y otros entornos digitales.
La propuesta estudiada por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, establece y regula el Sistema Nacional de Seguridad Digital y sus subsistemas de ciberseguridad, ciberdefensa, ciberinteligencia y ciberdiplomacia. También norma los mecanismos y herramientas institucionales para promover la seguridad del Estado, confianza digital, cultura de seguridad en el ciberespacio y protección de los derechos humanos.
Posteriormente, en la sesión 865 convocada para las 10h00, el Pleno analizará un proyecto de resolución para convocar a las autoridades competentes por el incumplimiento en la creación de la Universidad Pública para Santo Domingo.
La asambleísta Amada Ortiz argumentó que la población de Santo Domingo de los Tsáchilas mira con preocupación el desinterés de dar paso a la creación de una Universidad Pública, que atienda a los miles de estudiantes de la provincia y de las zonas aledañas, pese a existir mandatos legales y disposiciones claras. Por esta razón considera necesario que las autoridades responsables de este incumplimiento sean fiscalizadas y comparezcan ante el Pleno de la Asamblea Nacional.
De inmediato, los legisladores tratarán en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria al Código del Trabajo, que propone una modificación integral y la codificación del vigente Código de Trabajo, con 430 artículos, 1 disposición general, 6 transitorias, 6 derogatorias y una disposición final.
La propuesta, que será debatida sobre la base del informe de la Comisión del Derecho al Trabajo, tiene como objetivo garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, para que la clase trabajadora cuente con trabajo digno.
Por último, analizará el informe de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral que recomienda la aprobación del Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear. En el documento se concluye que, en general, el contenido del Convenio no se opone a la Constitución y bajo el contexto geopolítico actual es un instrumento que abona a la prevención y protección contra el terrorismo nuclear; y abona a la cooperación internacional.
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