El proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hija, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio recibió las observaciones de representantes de organizaciones que trabajan por la erradicación de la violencia de género y femicidio que acudieron a la Comisión de Garantías Constitucionales.
Belén Mieles, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, tras resaltar que la lucha de agrupaciones feministas permitió en 2014 tipificar el delito de femicidio, indicó que el Estado ha fallado en la obligación de atender este problema social.
Recordó que 2022 fue un año crítico para las mujeres, pues se produjeron 332 casos de femicidio y 245 hijos quedaron en orfandad. Añadió que desde la tipificación del femicidio en 2014 se contabilizan 1.378 casos y 1.526 hijos quedaron en orfandad.
Sobre el registro institucional de hijos e hijas de víctimas de femicidio, observó que debe incluirse a los demás familiares y dependientes de la víctima. Sugirió aclarar el objetivo del registro y determinar la entidad que tendrá a su cargo esta responsabilidad. “Lo importante es generar política criminal en temas de género”, sostuvo.
La catedrática Yolanda Yupangui realizó una diferenciación entre los términos femicidio y feminicidio. El primer caso se refiere al asesinato de mujeres por odio y por relación de poder, y en el segundo se involucra al Estado como responsable por no tomar acciones de protección para las víctimas.
Por otro lado, reconoció que existe inoperancia por parte de los juzgadores que no exploran más allá del delito, como las causas que provocaron el femicidio, lo que conlleva a los jueces a sentenciar algunos casos como homicidios.
Rocío Rosero, presidenta de la Coalición de Mujeres y Mayra Tirira, del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, solicitaron mantener en la normativa el capítulo referente a otras muertes violentas de mujeres, puesto que existen otras formas de violentar a la mujer, como la trata de personas, el tráfico y desaparición de niñas y mujeres, como formas extremas de violencia que no se contemplan en el Código Orgánico Integral Penal. “Esta es la oportunidad para que se contemple en la ley los delitos contra las mujeres”, subrayó.
Insistió que el proyecto debe rescatar el rol del Ministerio de la Mujer para asegurar la atención inmediata en el escenario del crimen, a la vez propuso que se asegure la reparación integral a víctimas y sobrevivientes de violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar.
Mayra Tirira expresó que el Estado debe asignar el presupuesto para la reparación económica de las víctimas de femicidio.
De esta manera, la comisión avanza en la construcción del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijos, Hijas, Madres y Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio.
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