La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles. La vicepresidenta de la mesa, Victoria Desintonio destacó que “la aprobación del documento es el resultado de la lucha en las calles de las personas trans”.
Afirmó que el país le debe esta reforma a este grupo poblacional, que por años ha sido violentado en su derecho de decidir sobre el sexo con el que se identifican y con el que desean constar en la cédula de ciudadanía.
Añadió que el proyecto tiene como finalidad cumplir y garantizar el respeto a los derechos, así como la reparación por las afectaciones a estas personas que han tenido que sufrir de parte de la institucionalidad del Estado.
Rached Erazo, representante de las personas transgénero, como “Asambleísta por un Día”, manifestó que hace falta una Ley de Identidad de Género que abarque aspectos vulnerables como la salud, derecho al trabajo, participación académica y seguridad social. Dijo que se requieren políticas públicas en favor de las personas trans.
El informe será remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional, para que se lo ponga en consideración del Pleno del Legislativo.
En otro orden, la comisión recibió a los ministros del Interior, Juan Zapata y de Defensa Nacional, Luis Lara, a fin de aclarar la participación de policías y militares en la parroquia La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura.
El asambleísta Mario Ruiz cuestionó a los funcionarios sobre una presunta violación a los derechos humanos de los pobladores de dicha parroquia, con base en un informe de la Defensoría del Pueblo, cuyo contenido indica que fue repelida por fuerzas militares y policiales, mientras custodiaba a la empresa minera Hanrine el 23 y 24 de enero de 2023.
Los secretarios de Estado coincidieron en que no se desplegaron policías y militares con la finalidad de proteger a la empresa, sino para precautelar a la población y evitar desmanes en la zona. “No somos seguridad privada, protegemos a la población ecuatoriana; actuamos de acuerdo con nuestras competencias”, sostuvieron, al indicar que en el sector los agredidos fueron los miembros de la seguridad pública. Enfatizaron que al momento no han recibido denuncias de violación de los derechos humanos en este caso.
En otro tema, el ministro Juan Zapata respondió las inquietudes de la legisladora Sofía Sánchez sobre el cumplimiento del protocolo en los casos de femicidio, como el de Maribel Castillo. La parlamentaria rechazó la tardanza en la acción de la Dinased.
Adicionalmente, reclamó el proceso de investigación de la Fiscalía y Policía e insistió en que no se puede permitir que un sospechoso rinda su versión y enseguida quede libre, como sucedió en los asesinatos de María Belén Bernal y de Maribel Castillo.
Zapata respondió que no es competencia de la Policía apresar a un ciudadano sin la orden de juez competente. Dijo que para superar estos obstáculos judiciales hace falta reformar las leyes.
En otro ámbito, la asambleísta Fernanda Astudillo reclamó por la falta de policías en la provincia de El Oro para combatir la delincuencia, a lo que Juan Zapata respondió que se destinarán a la zona 500 efectivos policiales recién graduados.
KC/pv
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