La Comisión de Fiscalización avanzó en la recepción de pruebas testimoniales, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político al primer mandatario, Guillermo Lasso Mendoza, presentada por los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo. Comparecieron Fernando Santos Alvite, ministro de Energía; Juan Carlos Bermeo, extitular de esa cartera de Estado; Iván Correa, exsecretario de la Administración; y el abogado Stalin Raza.
El primero en comparecer fue el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, quien dijo que existe una falta de coordinación entre Petroecuador y la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), sobre el entendido que las ganancias de Flopec son pérdidas para Petroecuador y viceversa. Explicó que como parte del Directorio de Flopec, directamente o mediante su delegado, se ha mantenido firme en impedir la compra de embarcaciones, por centenas de millones de dólares.
Como conocedor del mercado petrolero consideró que Flopec acusa una debilidad de control y una debilidad institucional que solo se puede resolver con una reforma a la ley. A su modo de ver, una salida sería establecer una forma de privatización, porque en una estructura privada los accionistas cuidan los recursos y toman medidas para garantizar su rentabilidad.
De su lado, el exministro Juan Carlos Bermeo indicó que durante sus casi 10 meses de gestión asistió a seis de ocho sesiones del directorio de Flopec. Añadió que pudo conocer los problemas de Flopec y su contrato con Amazonas Tanker Pool y en un momento determinado pensó en la posibilidad de una terminación anticipada del mismo, sin embargo, el costo de esta decisión para el país era muy elevado.
Aseguró que durante su gestión hizo un seguimiento preciso, ordenado e insistente en torno a las acciones que debían tomarse en Flopec y el encargo a la gerencia sobre el caso Amazonas Tanker Pool. Su preocupación fue permanente, por ello asistió a la mayoría de las convocatorias del directorio de la referida empresa.
Entre tanto, Iván Correa, exsecretario de la Administración, subrayó que no conocía del cometimiento de posibles actos de corrupción en empresas públicas y que tampoco recibió ninguna instrucción del Presidente de la República para encubrir nada. En torno a las comunicaciones que llegaron de otras autoridades, indicó se les dio el trámite que corresponde y, de acuerdo con las competencias de cada entidad a la que iban dirigidas, se direccionó las instancias pertinentes.
Por último, en la jornada matutina, la mesa escuchó al abogado Stalin Raza, quien se refirió a los principales aspectos relacionados con la prueba, tanto desde el punto de vista penal y civil, como en el ámbito político. En este sentido, dijo, las características de la prueba en un proceso político, dependen de sus alcances y de la finalidad con la que se la actúa.
Sin embargo, teniendo como la mayor rigurosidad aquella que se propone en el ámbito penal, frente a la de orden político, se evalúa la responsabilidad penal y la responsabilidad política y ese es el rol que le corresponde a la Comisión al momento de valorar las pruebas aportadas en el juicio político, afirmó.
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