La Comisión de Garantías Constitucionales continuó la recepción de observaciones y comentarios respecto al preocupante incremento de casos de femicidio y a la minería ilegal en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura.
La primera en comparecer fue Paola Flores, ministra de la Mujer, quien presentó las acciones desarrolladas en torno al femicidio de Maribel Castillo ocurrido el pasado 25 de febrero, especialmente el acompañamiento psicológico y legal.
Al responder las preguntas de la legisladora Victoria Desintonio, sobre la tardanza para activar los protocolos respectivos, indicó que Fiscalía demoró tres días en declarar la desaparición de la víctima.
La ministra también fue cuestionada por la falta de aplicación y la reducción del presupuesto de esta cartera de Estado. El legislador Mario Ruiz recordó que el 2022 registró un considerable número de femicidios, mientras que Paola Cabezas increpó a la ministra por la inacción de la institución.
En este aspecto, Paola Flores indicó que la institución ejecuta políticas públicas contempladas en el Sistema Nacional de Erradicación de Violencia. No se puede culpar al Ministerio de la Mujer por los femicidios que se presentan, afirmó, al señalar que es responsabilidad de todas las instituciones involucradas trabajar en la prevención de femicidios.
Añadió que también realiza el seguimiento y evaluación de ejecución de competencias, mesas técnicas en territorio, entre otras acciones, para atender las denuncias de violencia de género.
Minería
Para analizar este tema, la comisión recibió al subcontralor, Alberto Jhaya, con el fin de analizar la legalidad de las concesiones mineras a la empresa IMBA. Al respecto, Mario Ruiz manifestó que según un informe técnico existen concesiones de áreas caducadas para IMBA 1, 2 y 3.
El Subcontralor respondió que la Agencia de Control y Regulación Minera es la encargada de realizar las concesiones mineras y que la competencia de la Contraloría es observar y recomendar mejoras para el correcto funcionamiento de las mismas. “No es nuestra competencia determinar si una concesión minera es legal o ilegal”, sostuvo. “Corresponde a las autoridades competentes determinar si una concesión minera está o no viciada”, recalcó.
En el mismo ámbito, el legislador Mario Ruiz preguntó al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, sobre las inspecciones a la empresa minera Hanrine, de donde provinieron denuncias de explotación a sus trabajadores.
Donoso confirmó el incumplimiento de la ley, por ausencia de contratos de los trabajadores. Añadió que la empresa no permitió el ingreso de un inspector, por lo que se procedió a sancionar con 15 remuneraciones básicas unificadas, es decir seis mil dólares de multa a Hanrine.
Afirmó que si bien la empresa pagó la multa, continúan las inspecciones, a fin de controlar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
KC/pv
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