La Comisión de Derecho a la Salud y Deporte revisó el informe borrador para segundo debate del proyecto de Ley de Salud Mental, que tiene por objeto establecer un marco legal que promueva, regule y garantice el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas en su ciclo de vida y en el territorio nacional, bajo un modelo de atención integral y comunitario.
El modelo comunitario implica comprender a la salud mental desde un enfoque multifactorial - biopsicosocial y bajo un modelo de atención, que sustituya progresivamente la atención enfocada en los hospitales psiquiátricos hacia la atención primaria.
El presidente de la comisión, Marcos Molina hizo un recorrido de la amplia participación de actores en la construcción de la normativa que llevó más de año y medio y los valiosos criterios en la materia. Aseguró que el Ecuador tiene acuerdos internacionales que marcan el desarrollo de la Ley de Salud Mental en el que prevalece el enfoque comunitario.
Tras la lectura del informe, la asambleísta Luisa González planteó que en el consentimiento libre e informado se elimine la posibilidad de que sea verbalmente o se use la huella dactilar y solo sea de manera escrita; en el tema del internamiento que sea estrictamente excepcional en caso de niños; y que el internamiento involuntario sea con autorización de un juez.
María José Plaza realizó observaciones en cuanto a la consideración del interés superior del niño en la toma de decisiones; refuerzo en la parte de coordinación interinstitucional y ajustes en el régimen sancionador. Mientras Joel Abad insistió que debe existir un ente especial para tratar la salud mental debido a su importancia.
El presidente de la comisión, Marcos Molina pidió al equipo asesor recoger las observaciones para analizarlas dentro la elaboración del texto final del informe, mismo que será sometido a votación la próxima semana.
El documento contiene un estudio comparativo de varios países de cómo afectó la pandemia del coronavirus a la salud mental, resultados de los trastornos antes durante y después de la pandemia, así como cifras sobre el financiamiento para el tratamiento de este tipo de enfermedades.
También muestra la opinión de más de 23.500 encuestados de 34 países, acerca de cuáles consideran que son los mayores problemas de salud que enfrentan las personas.
Entre las finalidades de esta propuesta está reconocer a la salud mental como parte de la atención integral de salud, e impulsar la consolidación de una política nacional en salud mental, a fin de que el Estado priorice las acciones en esta materia, así como fomentar el bienestar mental, prevenir los trastornos mentales, proporcionar atención, promover la recuperación y garantizar los derechos humanos.
Igualmente, promover la salud integral y el bienestar físico, psicológico, cognitivo, emocional y relacional de todas las personas, en todo el curso de vida, considerando su ámbito individual, familiar, social y comunitario en toda la población.
RSA/pv
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