La Comisión de la Niñez avanzó en la aprobación de varios artículos del Libro III del Código para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA), en temas relacionados con la definición del sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia, principios y niveles de funcionamiento, el organismo rector a nivel nacional, atribuciones de las instituciones del Estado y consejo sectorial encargado de lo social.
Según la propuesta, el sistema de protección es el conjunto articulado y coordinado de las entidades públicas, privadas y comunitarias, servicios y mecanismos a nivel nacional descentralizado y desconcentrado, especializadas y específicas, encaminadas a respetar, proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de políticas públicas, planes y programas, proyectos, normas, medidas afirmativas, de protección, reparación integral y cualquier otro mecanismo o acción que asegure la aplicación de la doctrina de la protección integral.
Además prevé aplicar los principios de prioridad absoluta, integralidad, especialidad, especificidad, eficacia, celeridad, oportunidad, transparencia, gratuidad, calidad, participación social, coordinación y articulación.
El sistema de protección se organizará a nivel nacional en el marco de los procesos de desconcentración y descentralización provincial, cantonal y parroquial, conforme las competencias que corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados para la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Establece que los ministerios que forman parte del sistema participarán en el comité interinstitucional nacional de protección a las niñas, niños y adolescentes; y, de forma desconcentrada en los comités interinstitucionales locales de protección integral; formularán y aprobarán, de manera participativa y coordinada, conjuntamente con el ente rector encargado de los asuntos de inclusión económica y social de niñas, niños y adolescentes, las políticas públicas intersectoriales para garantizar los derechos a la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, integridad personal y demás derechos reconocidos en la Constitución de la República e instrumentos internacionales.
De acuerdo con las normas aprobadas, el Consejo de la Judicatura formulará y aprobará las políticas para el acceso universal de este sector de la población a la justicia gratuita, especializada, con operadores de justicia debidamente acreditados, capacitados y evaluados que apliquen los principios de doctrina de protección integral a estos, entre otros elementos.
Todas las disposiciones aprobadas formarán parte del informe para segundo debate, que será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.
HC/pv
