La Comisión de Fiscalización, en la continuación de la actuación de pruebas testimoniales, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político al primer mandatario, Guillermo Lasso Mendoza, presentada por los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo, recibió al exprocurador del Estado, Íñigo Salvador y al actual titular de este organismo, Juan Carlos Larrea, quienes informaron cómo actuó el abogado del Estado en torno al contrato de fletamiento de Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec EP) y Amazonas Tanker.
Íñigo Salvador explicó que la Procuraduría cumple un rol de control ex post, es decir posterior a la sucripción de los contratos de las entidades y empresas públicas, en dos momentos: el control de legalidad de actos y contratos públicos; y, la autorización de cláusulas de arbitraje y aplicación de legislación extranjera.
Añadió que la Procuraduría inició un proceso de construcción de legalidad del contrato con Amazonas Tanker, como de 12 contratos más, pero en noviembre de 2021, la Contraloría General del Estado emite un informe del examen especial de la contratación de Flopec EP con Amazonas Tanker, lo cual hizo que, en aplicación de la ley y de los procedimientos respectivos, se abstuvo de continuar con dicho control de legalidad.
Indicó que en ningún momento Flopec le solicitó a la Procuraduría la autoización para establecer la cláusula de arbitraje en el referido contrato. Así mismo, aclaró que la Procuraduría no autoriza la suscripción de contratos, tampoco tiene facultad para determinar su terminación anticipada. En definitiva, dijo que se actuó con total apego a lo determinado en la Constitución y la ley.
En igual sentido se pronunció el actual procurador, Juan Carlos Larrea, quien se refirió a las mismas disposiciones legales, oficios y decisiones adoptadas por la Procuraduría General del Estado.
Se abstuvo de realizar juicios de valor sobre la inclusión de la cláusula de arbitraje en los Estados Unidos de América, puesto que sus opiniones podrían afectar la condición de imparcialidad que le correspnde como Procurador.
Mientras el presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Joaquín Ponce Díaz, quien es presidente de los directorios de varias empresas, entre ellas Flopec, dijo que se trata de un juicio infundado, como lo han demostrado todos los comparecientes en este proceso, puesto que no se puede responsabilizar al Presidente de la República por las decisiones que toman entidades autónomas, como Flopec EP.
Aseguró que una vez conocidas las recomendaciones de Contraloría, se ha dispuesto que todas ellas sean acogidas y aplicadas por Flopec y ahora, la empresa tiene importantes ganancias, que superan los 180 millones de dólares.
La Comisión concluirá la fase de actuación de pruebas entre el lunes y miércoles de la próxima semana.
EG
Más fotografías:
