La Comisión de Garantías Constitucionales recibió los observaciones de los directivos del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura, en torno al proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio, mismos que serán considerados en la elaboración del informe para segundo debate.
Byron Cuesta, subsecretario del Ministerio de Inclusión, manifestó que entre más actores participen del proceso de seguimiento de casos de femicidio sería mejor para la erradicación de la violencia, y poder evitar que hayan más casos. Expresó que de este modo será posible buscar alternativas para que los hijos de las víctimas que quedan en la orfandad no sean abandonados y tengan una apertura en familias que les puedan acoger.
También trató sobre el beneficio de la entrega de bonos a los familiares de las víctimas de femicidio. Sostuvo que para ello es necesario definir con claridad los elementos esenciales para determinar el familiar que recibirá esta ayuda, que podría ser el hijo o hija o el núcleo familiar.
Johanna Pullas, de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura, señaló que han revisado minuciosamente el proyecto de ley para la reparación de víctimas indirectas. Sugirió que se conserve el objeto de la ley no solamente para víctimas de femicidio.
Compartió la necesidad de dotar de recursos económicos para que las entidades competentes puedan desarrollar otros proyectos para enfrentar este problema, a la vez aseveró que la idea es complementar con este proyecto lo que ya está establecido en la Constitución de la República, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres.
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