La Comisión de Educación recibió las comparecencias de los ministros de Educación, María Brown y del Interior, Juan Zapata, para que expliquen las futuras acciones desarrolladas y planificadas para garantizar la seguridad dentro de los planteles educativos del Sistema Nacional de Educación.
El presidente de la comisión, Manuel Medina advirtió que el país está viviendo una ola de violencia, pues todos los días se producen muertes violentas, el incremento de la delincuencia en todos los niveles, venta de drogas y demás situaciones que ponen en permanente riesgo a la sociedad.
En este sentido, dijo que es preocupante que los niños, niñas y adolescentes no tengan las condiciones necesarias para educarse con total seguridad, que es una responsabilidad de la Función Ejecutiva, ante lo cual urge conocer las medidas para mitigar la violencia dentro de los centros educativos.
Ante el fallecimiento de una joven estudiante de un colegio de Quito, al parecer por actos de violencia entre pares o bullying, la asambleísta Rocío Guanoluisa advirtió que esos no son los únicos casos, ya que también se denuncia que en los centros educativos se ha producido problemas de violación, ataque con arma blanca, “vacunadores”, amedrentamiento a los profesores, entre otros. “Necesitamos soluciones concretas”, enfatizó.
Sobre el tema, Juan Zapata ministro del Interior, expuso que el Plan Nacional de Escuelas Seguras tiene cinco ejes: articulación, acción preventiva, sensibilización, atención y servicio educomunicacional, que se ha priorizado en 220 unidades educativas en las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Manabí, Guayas, Pichincha, Santo Domingo, Los Ríos, El Oro y Cañar.
De su lado, María Brown, ministra de Educación puntualizó que el programa “Mi Escuela Segura” parte de una alianza global, en la cual los actores se comprometen a fomentar la seguridad en las escuelas.
Afirmó que el Ministerio de Educación tiene como obligación garantizar el derecho a la educación, para lo cual debe generar condiciones que aseguren la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y culminar el proceso educativo y que las instituciones educativas sean espacios democráticos, de ejercicio de derechos y de convivencia pacífica.
Los asambleístas de la mesa legislativa coincidieron que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de atención prioritaria y el Estado tiene la obligación de salvaguardar en todo momento su interés superior.
SL/pv
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