En la sesión 866, el Pleno de la Asamblea abordó en primer debate un marco jurídico que busca establecer y regular el Sistema Nacional de Inteligencia; así como, su funcionamiento, atribuciones y competencias que permita a los organismos del sistema llevar a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, frente a las vulnerabilidades, amenazas y riesgos para la defensa de la soberanía y la seguridad integral.
“Vamos a dotarle al país de una ley que garantice que el Centro de Inteligencia realice procesos adecuados, para combatir los tentáculos de la corrupción que se han infiltrado en nuestras instituciones, que defienda al sistema judicial, a la Policía, a las Fuerzas Armadas, pero lo primero es garantizar procesos de depuración, para prevenir el delito”, enfatizó Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral al exponer los alcances del informe.
Señaló que el Estado no ha tenido una Ley de Inteligencia en toda su historia republicana; y, es hora de contar con una norma específica que regule, de manera integral, la función de inteligencia del Estado; que garantice la seguridad de los ecuatorianos, combatir al crimen, que recaude y recopile información para procesarla y establecer estrategias que prevengan muertes en el país.
La propuesta fortalece la seguridad del Estado y crea herramientas para identificar, prevenir amenazas y garantizar la defensa de la soberanía y la seguridad integral; las bases para la profesionalización de la inteligencia estatal; norma la actuación de los subsistemas; determina los procedimientos y protocolos necesarios para el manejo y uso de la información.
En el debate intervinieron los asambleístas Patricia Núñez, Simón Remache, Pedro Velasco, Andrés Pico, Joel Abad, Wilma Andrade y Luis Almeida. Aquí se precisó que la norma busca resolver los problemas de inseguridad que enfrenta el país e identificar a las personas dedicadas a la corrupción; que permitirá establecer mecanismos para la supervisión y control de las labores de inteligencia.
Se refirieron a la necesidad de dictar una ley para fortalecer el servicio de inteligencia en la Fuerza Aérea y la Armada; brindar garantías y seguridad jurídica a las diferentes instituciones que tienen que ver con esta materia. Sugirieron además, que la ley se enmarque en las recomendaciones de las Naciones Unidas y en la Constitución sobre el derecho y honor de los ecuatorianos; además que es un asunto de política del Estado.
La propuesta de Ley fue socializada con las autoridades de los ministerios de Defensa., de Relaciones Exteriores y del Interior; Centro de Inteligencia Estratégica; Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador; Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores; Servicio de Rentas Internas; Unidad de Análisis Financiero y Económico, así como expertos en inteligencia, nacionales e internacionales, docentes e investigadores, entre otros.
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