En el marco del proceso de fiscalización, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió a Pablo Fajardo, representante de la sociedad civil amazónica y al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. También fue invitado el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, pero se excusó.
Fajardo dio a conocer la existencia de problemas de salud en los habitantes de la región, con enfermedades graves como cáncer, con mayor incidencia en mujeres, producto de la extracción petrolífera.
Manifestó que nueve niñas, víctimas de esta práctica, presentaron una acción constitucional para que suspendan la actividad, en Sucumbíos, ante lo cual la Corte Constitucional sentenció que en un plazo de 18 meses, el Ministerio de Energía elimine los mecheros en los pozos petroleros, pero que la autoridad pública incumple la sentencia y por el contrario, han aumentado mecheros. Dijo que tampoco han acogido la sentencia los ministerios de Salud y del Ambiente.
Denunció que, contrario a la sentencia, el Ministerio de Energía y Minas publicó un reglamento en 2022, que indica que los mecheros aledaños están a 100 metros de distancia de cualquier centro poblado.
Sobre el mismo tema, Guadalupe Llori reclamó la falta de atención del ministerio a la provincia de Orellana, que también ha resultado afectada por los mecheros de Petroecuador.
El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite respondió que las normas internacionales de ubicación de los mecheros es de 50 metros a la distancia y en el caso de Ecuador esa distancia se duplicó. Añadió que Petroecuador, al momento, ha apagado 112.
Dijo que es un tema delicado, pero que el ministerio está listo a cumplir la sentencia, misma que indica que, en un plazo de 30 años, deberán apagarse todos los mecheros de la región.
El legislador Édgar Quezada mostró su inconformidad con la declaración del ministro, al decir que las afecciones de salud no se deben a la práctica petrolera y lo invitó a acercarse a la zona para verificar su situación.
El asambleísta Comps Córdova afirmó que en Cuyabeno pudo constatar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, por lo que expresó su malestar por las declaraciones de Fernando Santos. Declaró que su padre falleció a causa de cáncer provocado por los mecheros petroleros.
Guadalupe Llori propuso que se realicen mesas de concertación entre autoridades y población, y que se proceda a la compensación y convenios de pago en beneficio de la población afectada por la extracción petrolera.
Paola Cabezas mostró su inconformidad con las declaraciones del ministro y le cuestionó si era necesario que existan más muertes para frenar las confrontaciones entre líderes amazónicos que luchan contra la explotación minera y petrolera.
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