La Comisión de Garantías Constitucionales inició el estudio del borrador del informe preliminar sobre el caso de la Hidroeléctrica San José del Tambo, de la compañía, Hidrotambo S.A., y las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba.
Este caso se remonta al año 2002, cuando la empresa ecuatoriana Corporación para la Investigación Energética (CIE), inició la tramitación de un proyecto hidroeléctrico en el Río Dulcepamba, ubicado en la comunidad de San Pablo de Amalí, en el cantón Chillanes, provincia de Bolívar.
Con capitales de Ecuador, España y Canadá se creó la empresa Hidrotambo S.A., que inició la construcción de la hidroeléctrica, pese a las oposición de los comuneros de la región por no haber sido consultados previamente.
También denunciaron la destrucción de terrenos por la presencia de maquinaria pesada y la afección de sembríos de cacao, banano, naranja, mandarina, pasto, maderas de balsa, entre otros productos. Se sumó el temor a no poder acceder al agua y la pérdida de vida acuática del río Dulcepamba, por lo que la obra se paralizó temporalmente y reinició en 2012.
Según el borrador de informe, desde entonces la comunidad ha presentado su protesta y se han emitido informes técnicos sobre el perjuicio que la hidroeléctrica provoca en la zona, sobre todo por no permitir el consumo de agua para la población y los animales.
Por las consideraciones descritas, se recomienda exhortar a la Fiscalía, Contraloría, Ministerio de Ambiente, y a la Agencia de Regulación y Control del Agua a que realicen investigaciones, exámenes especiales y comparecencias.
De igual manera, propone las comparecencias de representantes de Hidrotambo S.A., del proyecto Socioambiental Dulcepamba, de la Corporación Acción Ecológica, Defensoría del Pueblo, entre otras instancias, para que rindan informes y ejecuten acciones que conlleven a la solución del problema que aqueja a la población de San Pablo de Amalí.
En este contexto, la asambleísta Paola Cabezas observó que la comisión no ha realizado el trabajo de fiscalización completo. Manifestó que no se ha llamado a comparecer a las autoridades que se mencionan en las recomendaciones.
Sostuvo que no es suficiente la comparecencia de la comunidad afectada e insistió que, previo a la aprobación del informe la comisión debió asumir el proceso previo de fiscalización. “El primer filtro se hace en las comisiones”, insistió. “Hay un daño a la comunidad, pero a quién vamos a dirigir el control político”, preguntó.
En respuesta, el presidente de la comisión, Fernando Cabascango aclaró que la convocatoria para la sesión fue para conocer el informe, de modo que hay la oportunidad de convocar a las autoridades respectivas.
Al concluir la sesión, Cabascango solicitó que se acojan las observaciones de la legisladora Cabezas, para tratar el documento en una siguiente convocatoria.
KC/pv
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