En el marco del proceso de fiscalización del proyecto de encauzamiento de la quebrada Totoras, en el cantón Calvas de la provincia de Loja, las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Banco de Desarrollo de Ecuador y Contraloría General del Estado comparecieron ante la Comisión de Gobiernos Autónomos.
Rodrigo Rosero, secretario de Gestión de Riesgos, informó que desde el 2008, año en que ocurrió en desborde de la quebrada, se han realizado tres contratos de obras en 2012, 2015 y 2019, de los cuales, cuando asumieron la administración en 2021, dos estaban vigentes, sin embargofueron terminados unilateralmente por presentar irregularidades en la obra y fiscalización.
Destacó que para atender la situación se han llevado a cabo seis mesas de trabajo, conformadas por representantes de la Presidencia de la República, Secretaría Nacional de Planificación, Secretaría de Gestión de Riesgos, Banco de Desarrollo, los ministerios de Gobierno y de Finanzas, con el objeto de viabilizar el financiamiento de los estudios para la eventual conclusión de la obra. Agregó que se ha habilitado el proyecto de inversión para que la SGR transfiera recursos a los GAD involucrados.
El gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, Homero Castanier subrayó que se han aprobado USD. 250.181,78 no reembolsables a favor del Municipio de Calvas para ejecutar la obra y que actualmente el proceso se encuentra en la etapa administrativa de instrumentación del convenio.
De su lado, Sonia Sierra, representante de la Contraloría General del Estado, indicó que el resultado del examen especial de junio de 2009 a enero de 2016, se evidenciaron falencias en contratos de estudios y obras. Advirtió que la falta de estudios completos dio lugar a la paralización de la obra.
Los comisionados pidieron a los comparecientes remitan todos los documentos pertinentes para avanzar en el análisis de este proceso.
En otro orden, la mesa legislativa recibió a varias autoridades parroquiales electas, quienes presentaron sus inquietudes sobre la aplicación de los artículos 66, 67 y 317 del Código Orgánicode Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), respecto de la elección del vicepresidente de las juntas parroquiales, observando los resultados electorales y la paridad de género, por lo que solicitarán al Presidente de la Función Legislativa eleve la consulta a la Procuraduría General del Estado.
BG/pv
