La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, con el voto unánime de sus integrantes, aprobó el informe del Caso de Fiscalización a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, respecto del cual solicita al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, realice de manera inmediata una evaluación de desempeño de todos los miembros, especialmente de aquellos funcionarios de altos mandos que ejercen funciones en zonas de seguridad o del sector fronterizo, además de aquellos que controlen radares o puertos marítimos.
El objetivo de esta evaluación será verificar su integridad como oficiales superiores de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, para lo cual no se descartará la aplicación de mecanismos como pruebas de confianza que sean utilizadas legalmente para este tipo de casos. Así mismo, solicita que -de manera urgente- pida a los ministros de Defensa y del Interior revisar su normativa interna referente a los programas de capacitación y evaluación, con base en estándares que cubran las distintas especialidades, complementadas con capacitación pedagógica integral y permanente que incluye temas de democracia, derechos humanos y comportamiento ético.
Así mismo, la mesa legislativa exhorta al Presidente, en su calidad de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ejerza la potestad pública señalada en la Constitución, a efectos de que conmine y disponga al Ministro de Defensa, realice las gestiones administrativas pertinentes para que se pueda ejecutar la póliza de seguro correspondiente al siniestro provocado en el cerro Montecristi.
Solicita al Contralor del Estado realice el examen especial de verificación y cumplimiento de la adquisición, instalación y funcionamiento del servicio de escáneres en puertos y aeropuertos, dirigidos a detectar y evitar el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes; también el examen especial al proceso de contratación de la póliza de seguro del radar de Montecristi, así como del proceso de reclamación por el siniestro de dicho radar.
Las conclusiones del organismo son muy precisas en torno a la responsabilidades de las entidades del Estado, respecto de los ascensos a generales en la Policía, la denuncia sobre narcogenerales y el siniestro ocurrido con el radar ubicado en Montecristi. Por ejemplo, establece que el Gobierno no actuó de forma adecuada frente a las declaraciones del Embajador de Estados Unidos en torno al retiro de visas a miembros de la fuerza pública, dejando en tela de duda la honorabilidad de la institución.
Ley de Armas
Igualmente, con ocho votos afirmativos, la Comisión de Seguridad Integral aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, que tiene por objetivo regular la fabricación, importación, exportación, comercialización, almacenamiento y permisos de armamento y satisfacer la necesidad de instituciones y organismos públicos; y de personas naturales y jurídicas.
En el documento, la mesa recoge el trabajo desarrollado en materia de socialización, así como la recepción de comparecencias, opiniones y sugerencias de autoridades de Estado, entidades y organismos, tanto públicos, cuanto privados, de la academia y expertos en los temas de armas, municiones y demás accesorios.
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