En cumplimiento del artículo 93 de la Ley Orgánica de Función Legislativa, el Pleno de la Asamblea Nacional inició el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, con la sustentación de las pruebas por parte de los legisladores Viviana Veloz y Esteban Torres, como interpelantes, y la defensa por parte del primer mandatario.
Entre las pruebas presentadas, Veloz subrayó que el informe del examen especial de la Contraloría General del Estado determinó que el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers causó un perjuicio al Estado por más de 6 millones de dólares y que incluso hubo un informe preliminar que determinó presunciones de responsabilidad penal. Este hecho, a decir de la legisladora, fue advertido y puesto en conocimiento del Presidente de la República y varios ministros de Estado, pese a lo cual el contrato se renovó durante el gobierno de Guillermo Lasso.
Recalcó que existen informes que advertían la inconveniencia de continuar el contrato suscrito entre Flopec EP y Amazonas Tanker, pero que el Presidente de la República no hizo nada ante ese contrato lesivo para el país y permitió que se prorrogue.
También denunció que el mandatario facilitó el entramado de corrupción en las empresas públicas al nombrar a Hernán Luque, como presidente de EMCO; y eliminar los requisitos para designar altos ejecutivos, hecho que fue expuesto por el exsecretario Anticorrupción, Luis Verdezoto.
Hizo público un video con una declaración del exgerente de Flopec EP, Jonhy Estupiñán, en el que revela que en este Gobierno se suscribieron dos contratos con Amazonas Tankers y que el perjuicio al Estado supera los 13 millones de dólares.
Reveló que Fiscalía General del Estado certificó que hasta el momento el Ejecutivo no ha presentado ninguna denuncia para que se investigue la corrupción en las empresas públicas. “La Asamblea Nacional debe hacer historia”, manifestó la legisladora al proponer la censura y destitución de Guillermo Lasso, como presidente de la República.
“Todos estos hechos conducen a la responsabilidad política del Presidente de la República, estamos convencidos que no solo conoció y permitió la corrupción, sino que fue parte de ella, vulnerando lo previsto en el artículo 233 de la Constitución”, subrayó, al advertir que el mandatario no desvirtuó ninguna de las pruebas presentadas durante el juicio y más bien presentó una rendición de cuentas, lo que demuestra la culpabilidad.
De su lado, Esteban Torres resaltó que el enjuiciamiento político se desarrolla con absoluto respeto al marco constitucional, y cuenta con el dictamen de admisibilidad por parte de la Corte Constitucional.
Explicó que el Presidente de la República es juzgado políticamente porque incurrió en la conducta del peculado. Reiteró que la Constitución es absolutamente clara al determinar que no es necesario el enjuiciamiento penal previo para iniciar el juicio político, a la vez enfatizó que los gobernantes son responsables por el desempeño de sus funciones o por sus omisiones.
Por último, el presidente de la República, Guillermo Lasso, en ejercicio de su derecho a la defensa, dijo que se ha tratado de armar una trama con hechos que ocurrieron en el 2018, cuando su gobierno no estaba en funciones. Se limitó a indicar que en este juicio debe primar la voluntad de sostener lo correcto por encima de lo conveniente, de lo duradero por lo encima de lo coyuntural, del bien por el encima del mal, la verdad sobre la mentira.
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