El proyecto de Ley del Sistema de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las Obligaciones Internacionales del Estado en Materia de Derechos Humanos fue tema de análisis en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, para lo cual escuchó a la legisladora proponente, Esther Cuesta; Ivonne Téllez, experta en Derecho Internacional; y, Alexander Barahona, especialista superior en Derechos Humanos.
El objeto del proyecto es determinar un sistema institucional de seguimiento, cooperación e implementación de las obligaciones internacionales del Estado, en materia de derechos humanos, que permita canalizar el cumplimiento de las sentencias, medidas provisionales y opiniones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones, resoluciones, decisiones y medidas emitidas por los Comités de vigilancia del cumplimiento de los Tratados de derechos humanos de la ONU suscritos y ratificados por Ecuador.
La asambleísta Esther Cuesta explicó que con ello se busca desarrollar e implementar protocolos de actuación homogéneos, medibles y concretos que garanticen verdad, justicia y reparación para las víctimas de violación de derechos humanos, mejorar sus condiciones de vida; asegurar un país que garantice derechos; y, evaluar el cumplimiento integral de las sentencias, medidas provisionales y opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.
También se pretende fortalecer las competencias de la Defensoría del Pueblo, amparado en lo dispuesto en los “Principios de París”, suscritos en marzo de 1992, en los que se atribuye a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos cooperar con las Naciones Unidas y los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones regionales y de otros países que sean competentes en las esferas de la promoción y protección de los derechos humanos.
De su lado, Ivonne Téllez, al sostener que se trata de una ley pertinente, expresó que el escenario internacional en derechos humanos ha tenido cambios importantes en los últimos años, por la promoción y defensa que realizan organismos internacionales y el impulso desde la sociedad civil, por lo que surge la necesidad de estudiar la eficacia de los órganos de derechos humanos.
Insistió en la necesidad de asegurar la efectividad de las recomendaciones y las medidas que se ordenan y el cumplimiento por parte de los Estados, así como la capacidad de exigir que sean acatadas, al tiempo que sugirió atacar las causas estructurales que provocaron la violación a los derechos humanos.
Por último, Alexander Barahona, tras destacar la importancia del proyecto, expuso sus observaciones en torno a los temas que serían considerados en el sistema de protección internacional de derechos humanos, a la vez aseveró que también se requiere considerar la institución que se encargará de asignar los recursos económicos para cumplir las medidas de compensación y reparación que dicten los organismos internacionales en esta materia.
El experto sostuvo, además, que entre los integrantes de este sistema nacional de seguimiento podría estar la Corte Constitucional. Propuso aclarar las normas sobre las sanciones a los funcionarios que incumplan estas disposiciones.
El presidente de la comisión, Fernando Cedeño anunció que en el análisis de esta propuesta normativa participarán todas las autoridades relacionadas con la aplicación de la ley, así como representantes de organismos internacionales.
PV
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