Una vez que el proyecto de Ley para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres fue tratado en segundo debate, la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral analizó las observaciones de los legisladores y aprobó el texto final que será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, para la respectiva votación.
Según el documento, el proyecto trata de normar lo concerniente a la Gestión de Riesgos, en cumplimiento del mandato previsto en los artículos 389 y 390 de la Constitución. Sin embargo, resulta necesario realizar ciertas consideraciones en virtud de las competencias, naturaleza de las decisiones de los órganos que conforman el sistema, así como de los recursos destinados para el sistema.
En el artículo 25 que establece la conformación del Comité Nacional de Reducción de Riesgos, conformado por un mínimo de 12 integrantes, se añade la representación de los GAD, pero solo con tres representantes, esto es: uno por los provinciales, uno por los municipales y metropolitanos, y uno por los rurales.
Por otra parte, se advirtió que la participación de los representantes del Ejecutivo siempre tendrá mayoría al interior de este Comité, que tiene entre sus competencias coordinar con el Ministerio de Finanzas la estrategia para la inversión a corto, mediano y largo plazo.
También fueron incorporadas observaciones de los asambleístas Dennis Garcés y Milton Aguas, quienes argumentaron sus propuestas en comisión general. Garcés planteó que se incluya el tema relacionado a las implicaciones a la Declaratoria de Emergencias, que al Presidente del Consejo de Gobierno se le permita dar una respuesta urgente en los procesos administrativos propios, para el otorgamiento de ingreso de personas y maquinarias establecidos en la actual Ley del Régimen Especial de Galápagos.
Por su lado, Aguas pidió autonomía para actuar en los temas de desastre en la provincia de Galápagos. Propuso que se incluya una disposición para la elaboración de la estrategia financiera; y, otra del Fideicomiso para la sostenibilidad por la atención de emergencias, riesgos, desastres, seguridad y bienestar en la provincia de Galápagos, que serán solventados con los fondos de los turistas extranjeros.
Según el asambleísta Rafael Dávila el proyecto tiene el serio problema de no tener financiamiento para la atención de riesgo, como son las inundaciones, sequías, terremotos y otros fenómenos naturales, entre otros. El vicepresidente de la comisión, Leonardo Berrezueta manifestó que, solo el Presidente de la República puede enviar proyectos que modifiquen el presupuesto del Estado.
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