En la continuación de la fiscalización al proceso de selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social recibió a tres postulantes para Contralor, quienes detallaron sus versiones sobre el concurso de méritos y oposición, seguido a través de la Comisión Ciudadana de Selección conformada para el efecto.
La doctora Alejandra Vivanco, exfuncionaria de la Contraloría por 20 años, subrayó que luego de conocidos los resultados de la calificación de la fase de méritos, y ella era la mejor puntuada, se le vino el mundo encima, no solo por las acciones que se dieron para evitar que sea nombrada para dirigir el principal organismo de control, sino por las conjeturas que se tejieron en ciertos medios de comunicación, identificándola como simpatizante de un determinado partido político, cuando su ejercicio en el sector público fue absolutamente profesional y técnico.
Aseguró que, en la fase de oposición, es decir, en el rendimiento de la prueba escrita, su examen merecía una calificación de 42 puntos y le notificaron con la nota de 33 puntos, por lo cual solicitó la respectiva recalificación y solo le aumentaron un punto, pero que no le indicaron a qué pregunta correspondía esa nueva puntuación.
De su lado, el doctor Fernando Albán Escobar coincidió en que el concurso presentó irregularidades, de principio a fin, lo cual incide en la nulidad de todo lo actuado, no solo por los cambios que se hicieron en distintas fechas al Reglamento para la Designación de Contralor, sino por el desconocimiento de varios certificados para la acreditación de la experiencia profesional para la calificación de méritos.
Explicó que, por ejemplo, en ninguna parte del Reglamento se establece que los comisionados puedan dividirse las carpetas o expedientes de los postulantes, para calificar los méritos. Esta fase debía ser cumplida por la Comisión en su conjunto, mas no independientemente y a criterio discrecional de comisionado.
Así mismo, el doctor Juan Ignacio Valdiviezo, partió de la nulidad del proceso por la presencia de la delegada de la Función Legislativa, representación que perdió al momento de la disolución de la Asamblea Nacional. Sin embargo, la Comisión permitió que dicha ciudadana continúe en funciones hasta el final.
Indicó que hubo apresuramiento en el tramo final del proceso, porque ni siquiera permitieron que precluyera la fase de calificación de méritos, que debía esperar la recalificación a quienes solicitaron una nueva revisión de sus carpetas y llamaron a la fase de oposición.
El organismo legislativo recogerá todos los insumos aportados por los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, por las veedurías y por los propios postulantes, sistematizarlos y, sobre la base de los hallazgos pertinentes, elaborar el respectivo informe.
EG/pv
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