El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 119 votos afirmativos, la reforma a la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que tiene como objetivo mejorar la efectividad de los servicios públicos hacia la ciudadanía, cumpliendo el dictamen de la Corte Constitucional, sobre el cumplimiento de los derechos referentes a la identidad personal.
El texto íntegro aprobado fue el remitido por la Comisión de Garantías Constitucionales, excepto el contenido del artículo 19 del proyecto, referente a la adopción por parte de parejas y personas solteras, viudos, viudas, divorciados y divorciadas.
La legisladora Patricia Mendoza, ponente del proyecto, recordó que la comisión recogió cinco iniciativas legislativas que comprende tres aspectos fundamentales: acatar la sentencia de la Corte Constitucional sobre la voluntad de cambio de dato del sexo de las personas transexuales en la cédula de identidad; posibilidad de cambio de apellido por posesión notoria e ininterrumpida por al menos dos años consecutivos; y, coordinación con el Consejo Nacional Electoral para la depuración permanente del registro electoral acorde a los cambios y rectificaciones de nombres y apellidos, en concordancia con la información de la Dirección de Registro Civil, Identificación y Cedulación.
La legisladora detalló que actualmente se pueden cambiar los nombres en las cédulas de identidad y con la reforma también se podrán unir los nombres o rectificarlos. En cuanto a los apellidos se propone que conste en la ley el cambio de apellido por posesión notoria y consecutiva; igualmente se podrán corregir los apellidos.
En el debate, la legisladora Paola Cabezas resaltó que la Asamblea Nacional entró a debatir este proyecto al cumplir los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, recordó la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso la regulación del procedimiento para el cambio de sexo de las personas transexuales.
La ley no solamente cumple lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional, sino también aterriza en la ley los mandatos constitucionales, dijo la asambleísta Cecilia Baltazar.
Entre tanto, Sofía Sánchez mencionó que existe la voluntad política en la Asamblea Nacional para tomar una decisión histórica en beneficio de los grupos excluidos, que evitará el maltrato, discriminación y humillación. Precisó que esta normativa no altera de ningún modo el contenido del artículo 68 de la Constitución.
Pierina Correa observó el contenido del artículo 19 del proyecto que señala “en cualquier caso, la adopción corresponderá a parejas y personas solteras, viudos, viudas, divorciados y divorciadas”, texto que entraría en contradicción con la Constitución.
Entre otros criterios, la legisladora Lucía Posso anunció la presentación de 11 observaciones sobre inscripciones, registros y reestructuración de varios numerales; María Mercedes Erbs respecto al cambio de apellidos; y, Pedro Velasco pidió suprimir la facultad que se pretende trasladar a los GAD, además exigió respeto a la Constitución en el tema adopción.
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