Representantes del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos; Defensoría del Pueblo; Procuraduría del Estado; Corte Nacional de Justicia; y de la Academia, acudieron a la Comisión de Justicia a exponer sus observaciones y propuestas en torno al proyecto de Ley del Sistema de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las Obligaciones Internacionales del Estado Ecuatoriano en Materia de Derechos Humanos, presentado por la legisladora Esther Cuesta.
En la reunión estuvieron Jimmy Encalada, subsecretario del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos; Gina Barrera y Walter Soriano, de la Defensoría del Pueblo; María Fernanda Álvarez, de la Procuraduría; Sebastián Cornejo, de la Corte Nacional de Justicia y María Elena Carbonel, docente universitaria experta en temas de derechos humanos, en representación de la academia.
Jimmy Encalada informó que, entre los principales documentos que llegan al ministerio constan los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede dictar medidas cautelares a favor de personas que estén siendo vulneradas sus derechos, en el afán de subsanar a nivel del Estado, caso contrario pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Explicó que la Corte emite sentencias, medidas cautelares y opiniones consultivas, las primeras son de obligatorio cumplimiento en beneficio de las supuestas víctimas, para precautelar sus derechos, temas que deben ser considerados en el proyecto. También se refirió al régimen sancionatoria a las personas que no cumplen las recomendaciones de la CIDH.
De su lado, Gina Barrera expresó que la importancia de esta iniciativa legislativa tendiente a superar los obstáculos que tiene el Estado, para cumplir los compromisos con organismos internacionales, a la vez que dio a conocer que al momento existen 23 casos pendientes de cumplimiento por parte del Estado ecuatoriano
La funcionaria expuso sus observaciones a temas como las obligaciones contenidas en instrumentos internacionales y los principios del Derecho Internacional Público y la competencia de la Defensoría del Pueblo, para colaborar con los organismos internacionales e interponer peticiones en materia de derechos humanos.
A su vez, María Fernanda Álvarez, resaltó la importancia de crear un sistema que convoque a todas las instituciones públicas competentes en esta materia que permita el pleno cumplimiento de las obligaciones del Estado ecuatoriano en materia de Derechos humanos.
Manifestó que en este contexto es importante establecer el marco general de las competencias de la Procuraduría, en lo atinente a las obligaciones internacionales del Estado, entre ellas, el asesoramiento a las instituciones públicas respecto al cumplimiento de compromisos internacionales.
Sebastián Cornejo, de la Corte Nacional de Justicia, afirmó que es necesario considerar que los artículos 424, 425 y 426 de la Constitución disponen la aplicación de los tratados y convenios internacionales y su cumplimiento obligatorio cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos.
Comentó que, si bien es importante implementar una norma que busque el cumplimiento efectivo de las sentencias emitidas por organismos como la CIDH, sostuvo que el criterio de cumplimiento obligatorio ya está determinado en la Convención de Derechos Humanos.
Por último, María Elena Carbonel, docente universitaria, sugirió considerar el origen de las obligaciones internacionales del Estado, pero que no se debe referir únicamente a sentencias, informes y obligaciones, sino también a las medidas de reparación concretas en favor de las víctimas.
Por último, sostuvo que no es nuevo que el Estado ecuatoriano sea responsable por violaciones de derechos humanos y por tanto hay más medidas de reparación a las víctimas que deben ser cumplidas.
El presidente de la comisión, Fernando Cedeño solicitó a los comparecientes que remitan sus observaciones por escrito, a fin de analizarlas y sistematizarlas, previo a la elaboración del informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
PV
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