La Comisión de Fiscalización conoció las seis solicitudes de juicio político que se mantenían pendientes en este organismo parlamentario, a fin de continuar el trámite de los procesos, en el orden que han sido presentados y enviados a esta mesa legislativa.
En tal sentido, resolvió suspender temporalmente el proceso en contra de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), por cuanto hay varios procesos electorales en curso, tal como se pronunció, en su momento, el Procurador General del Estado y de conformidad al artículo 19 del Código de la Democracia.
Así mismo, archivó el juicio contra los exministros Patricio Carrillo, Diego Ordóñez y Paula Flores, por el desistimiento expreso de los proponentes, Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez.
Igualmente, a pesar de existir las mociones de las bancadas PSC y ADN para que pase a conocimiento del Pleno, no se obtuvieron los votos necesarios y se decidió archivar los dos procesos propuestos por los legisladores Jorge Abedrabbo y Segundo Chimbo, en su orden, en contra del exministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera.
Mientras que, en el caso del proceso planteado por Mario Ruiz contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, la mesa de Fiscalización resolvió remitir el expediente al Presidente de la Asamblea Nacional, para que ponga en conocimiento del Pleno del Parlamento para que resuelva lo pertinente.
En igual sentido, la Comisión de Fiscalización se pronunció en torno al juicio político planteado por los exasambleístas Xavier Santos y Luis Almeida en contra de Fausto Murillo y Juan José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura.
En virtud de ello, actualmente los juicios políticos que están en trámite en la Asamblea Nacional son en contra de: Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social; Fausto Murillo y Juan José Morillo, vocales del Consejo de la Judicatura; Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas; Juan Zapata, exministro de Interior y por último el de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, los cuales deberán ser tratados en el orden de prelación de acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
EG/pv
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