Con 127 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Informe de Evaluación de la Ley de Movilidad Humana, elaborado con el apoyo de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), organizaciones de las y los ecuatorianos retornados, inmigrantes y personas que requieren protección internacional y organizaciones de la sociedad de la civil.
Según la Resolución, la Comisión de Relaciones Internacionales con el apoyo de la UTL elaborará un informe técnico sobre el cumplimento de la presente resolución, y en el caso de incumplimientos de las instituciones proceda con los procesos de fiscalización y control político.
El informe señala que los enfoques de movilidad humana, interseccionalidad, género, interculturalidad e intergeneracional no se encuentran transversalizados en la normativa, por lo que se vuelve difícil su aplicabilidad.
La atención que brindan las misiones diplomáticas y oficinas consulares a los ecuatorianos en el exterior, no es eficiente ni eficaz para proteger los derechos y proporcionar servicios consulares con calidad y calidez. Asimismo, hay desconocimiento de los beneficios de los convenios bilaterales celebrados por el país, para garantizar las aportaciones de los afiliados al seguro social.
En el debate, la legisladora Esther Cuesta mencionó que en los últimos 6 años han sido testigos de las bondades y limitaciones de la Ley de Movilidad Humana; por lo que se ha trabajado en la evaluación de la normativa en cuatro ejes: ecuatorianos en el exterior, personas retornadas, inmigrantes y personas con necesidad de protección internacional.
Entre tanto, el asambleísta Mauricio Zambrano reflexionó sobre el respeto a los derechos humanos de los migrantes y acciones afirmativas del Estado, en un escenario de vulnerabilidad. Con relación a la evaluación de la ley precisó las principales sugerencias para el Sistema Integrado de Información que debe estar articulado con los sistemas de información de grupos de atención prioritaria.
Gustavo Mateus dijo que las políticas de Estado dieron lugar a una ola migratoria, tal es así que, hasta octubre de 2023, aproximadamente 48 mil compatriotas han cruzado la selva del Darién en Centroamérica este año. Recordó las medidas que favorecen y garantizan los derechos de las personas en movilidad, sin embargo, no se establecen políticas públicas por parte varias instituciones.
Carla Cruz mencionó las dificultades que enfrentan los ecuatorianos en el exterior, desde donde han aportado con remesas en beneficio del país. Por su parte, la legisladora Cecilia Baltazar planteó que las universidades del Ecuador creen oportunidades para la profesionalización de los compatriotas.
El legislador Johnny Lavayen consideró oportuno acceder al Estatus de Protección Temporal o TPS, beneficio migratorio temporal que otorga el Gobierno de los Estados Unidos.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones del informe constan: Establecer una reforma en la Ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad; impulsar que la Defensoría del Pueblo tenga delegaciones en el exterior; asistencia jurídica a las personas en situación de vulnerabilidad; fortalecimiento e información sobre el acceso a servicios y prestaciones de las y los ecuatorianos residentes en el exterior; reforma a la Ley de Educación Superior para que se genere una oferta académica virtual para los ecuatorianos en el exterior; establecer a nivel nacional un protocolo de protección de derechos y una campaña permanente de sensibilización, para disminuir la discriminación y xenofobia; y, seguimiento a la aplicación de convenios.
AM/pv
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