La competencia para registrar la información de casos de lavado de activos, la posible sanción penal para los familiares asociados a una persona expuesta políticamente y la cifra de 3.500 millones de dólares anuales de lavado de dinero en Ecuador fueron, entre otros, los temas expuestos por los funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), Fiscalía y Superintendencia de Bancos, en el marco del debate del proyecto de reforma a la Ley de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
Emilio Veintimilla, director Nacional Jurídico del SRI, dijo que es importante que esta entidad tenga la competencia para registrar y administrar la información de los beneficiarios finales; no limitar los mecanismos para identificar al beneficiario final según los estándares internacionales; y, mantener la regulación expedida sobre los reportes de información.
Los asambleístas consultaron al representante del SRI sobre la unidad complementaria antilavado y sus resultados, investigaciones de captaciones de dinero, histórico de remuneraciones, reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y otros aspectos.
Por su parte, Christian Cañar, experto criminalístico y delegado de la Fiscalía, presentó observaciones sobre la definición del activo virtual, regulación sobre los familiares asociados a una persona expuesta políticamente que debería suprimirse del proyecto, mantener los conceptos sobre los beneficiarios, operaciones sospechosas, especificar los 20 delitos según recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y establecer nuevos tratados regionales para mayor control del lavado de activos.
Entre los temas de análisis se presentaron criterios sobre la pena por el delito de lavado de activos, considerando que la incidencia del delito no bajaría por el incremento de la pena.
El delegado de la Fiscalía informó que a noviembre de 2023 existieron entre 500 y 600 investigaciones abiertas, relacionadas con denuncias sobre lavado de activos. Añadió que según el Centro Estratégico de Geopolítica (CELAG), el lavado de dinero anual en el Ecuador estaría en alrededor de 3.500 millones de dólares.
La Comisión de Régimen Económico, además, recibió a la intendente subrogante de la Superintendencia de Bancos, Nelly Charco y al subdirector de Riesgos de Lavado de Activos, Iván Jácome. Esta entidad participa en el sistema de prevención para controlar a la banca pública y privada, a fin de que tengan sistemas fuertes con este objetivo. Señalaron que las organizaciones criminales están constantemente tratando de vulnerar las seguridades de los bancos.
Con relación al articulado del proyecto, desde la Superintendencia de Bancos respaldaron la conformación del Comité Nacional de Coordinación Contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, denominado CONCLAFT; así como el intercambio de información y sujetos obligados financieros.
AM/pv
