El proyecto de Ley del Sistema de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las Obligaciones Internacionales del Estado Ecuatoriano en Materia de Derechos Humanos fue tema de análisis en la Comisión de Justicia, con la participación del Defensor Público, Ángel Torres y de María Lourdes Miranda, Coordinadora de la Maestría de Derechos Humanos, Interculturalidad y Género de la universidad UTE.
El proyecto crea un sistema institucional de seguimiento, cooperación e implementación de las obligaciones internacionales del Estado, en materia de derechos humanos, que permita canalizar el cumplimiento de las sentencias, medidas provisionales y opiniones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de los Comités de vigilancia del cumplimiento de los tratados de derechos humanos de la ONU que han sido suscritos y ratificados por Ecuador.
Al respecto, Ángel Torres propuso diferenciar las competencias de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública, para garantizar la efectividad y coherencia del proyecto. Recordó que la primera institución tiene la responsabilidad de proteger y tutelar los derechos de todos los habitantes, es decir, tiene directa relación con la interposición de acciones constitucionales para el cumplimiento de sentencias internacionales en temas de derechos humanos, conforme la Constitución y la Ley de la Defensoría del Pueblo.
Añadió que la Defensoría Pública tiene como función principal garantizar el pleno acceso a la justicia, para quienes no pueden contratar abogado para la defensa de los derechos, es decir, a personas en situación de indefensión o las más vulnerables.
Afirmó que por las razones indicadas es importante que cada institución opere dentro del ámbito de sus competencias normativas, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Asumir competencias de otras instituciones podría ocasionar la falta de atención de la Defensoría Pública a quienes más necesitan, insistió.
María Lourdes Miranda, coordinadora de la Maestría de Derechos Humanos, Interculturalidad y Género de la UTE, aplaudió la iniciativa legislativa, como una herramienta que contribuirá a que los derechos humanos consagrados en la Constitución y tratados internacionales no sean una mera declaración y se cumplan de manera efectiva.
Afirmó que la defensa y protección de los derechos humanos es una obligación del Estado y de allí, la importancia de crear un sistema que asegure el cumplimiento de los compromisos internacionales por parte del Ecuador.
Así mismo, sugirió precisar qué se entiende como obligaciones devenidas de resoluciones de organismos internacionales, a la vez sostuvo que deben prevalecer los principios de pro ser humano y no restricción de derechos, conforme el pronunciamiento de la Corte Constitucional, argumentos que deben ser considerados en el estudio del proyecto.
El presidente de la comisión, Fernando Cedeño afirmó que las observaciones de los invitados ayudarán a enriquecer el proyecto en beneficio de la justicia y los derechos humanos, por lo que solicitó que remitan por escrito para ser consideradas en la elaboración del informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
PV
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