A la Comisión de Justicia y Estructura del Estado acudieron el defensor del Pueblo, César Córdova; Stalin Raza, experto en Derecho Penal y Constitucional; y, Carlos Sánchez, director de CSG Abogados, con el propósito de avanzar en el estudio del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que unifica 39 iniciativas legislativas encaminadas a proteger al ciudadano ante el avance de la delincuencia y la inseguridad.
Junto al Defensor del Pueblo estuvieron Lorena Chávez, Alba Jalón, Segundo Chimbo Chimbo, Ximena Cabrera, Walter Soreano, Carlos Albán, Rodrigo Varela, Elvis Paz, Pablo Araujo, Manuel Solano y Mónica Reinoso, directivos de las unidades encargadas de promover los mecanismos de protección de derechos humanos. César Córdova consideró que el COIP requiere reformas, de ahí la importancia de los esfuerzos que realiza la comisión para consolidar todas las propuestas que se han presentado en esta materia.
Insistió en la necesidad de garantizar la seguridad con enfoque en derechos humanos, y abordar la problemática de la violencia e inseguridad en forma integral e interdisciplinaria, para que las medidas que se adopten en política pública sean efectivas, para crear ambientes seguros y pacíficos de la mano de la gobernabilidad, y la corresponsabilidad en la aplicación de la justicia.
El constitucionalista Stalin Raza manifestó que frente a la inseguridad y la violencia es necesario tener respuestas técnicas y acertadas, que permitan resolver el problema, a la vez comentó que las leyes no están fallando, sino el diseño del sistema penal y la aplicación de las normas por parte de fiscales y jueces, y hacia allá debe estar enfocada la reforma. Recordó que, en los años 2019, 2021, 2022 y 2023 se han endurecido las penas para varios de esos delitos, y en lugar de disminuir la delincuencia existe un crecimiento exponencial.
De su lado, Carlos Luis Sánchez, tras resaltar la actitud de la comisión de trasladar las necesidades de la sociedad hacia la legislación penal, afirmó que, ante la ola de impunidad en varios delitos, se demanda de la Asamblea una reforma a las condiciones de procedencia y la excepcionalidad de prisión preventiva frente a delitos graves. Enfatizó que la ciudadanía está cansada de ver como delincuentes son puestos en libertad. Por ello, consideró que el sistema no está funcionando y hace falta trabajar en una mejor determinación del factor humano. También sugirió revisar la normativa respecto a la inimputabilidad de los menores infractores, considerando su participación en actos de delincuencia organizada.
El legislador Vicente Taiano sugirió convocar a los delegados de la Fiscalía General del Estado, institución que tiene relación directa con la reforma penal, a la vez sostuvo que, entre otros aspectos, la reforma debe asegurar la economía procesal, ya que miles de causas se hallan en investigación previa.
El presidente de la comisión, Fernando Cedeño explicó que el cronograma prevé la participación de la Fiscalía en el debate y que la próxima semana concluirán las comparecencias e iniciarán el trabajo técnico, para sistematizar las observaciones y elaborar el informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
PV
