La Comisión de Justicia aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley del Sistema de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las Obligaciones Internacionales del Estado en Materia de Derechos Humanos, que tiene como objetivo establecer un sistema institucional de seguimiento, cooperación e implementación eficaz y oportuna del cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos.
Previo a la aprobación del proyecto la comisión escuchó la opinión de varios actores sociales, expertos y especialistas en Derechos Internacional y Derechos Humanos, autoridades de la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Ministerio de la Mujer, Procuraduría General del Estado, Corte Nacional de Justicia y Universidad UTE, entre otras.
El sistema prevé a más del seguimiento, la cooperación e implementación de las obligaciones internacionales del Estado, en materia de derechos humanos, que permita canalizar el cumplimiento de las sentencias, medidas provisionales y opiniones vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las recomendaciones, resoluciones, decisiones y medidas emitidas por los Comités de vigilancia del cumplimiento de los Tratados de derechos humanos de la ONU, suscritos y ratificados por Ecuador.
El proyecto determina con claridad las responsabilidades y competencias que en este ámbito tendrán la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del Estado, los entes rectores de las relaciones internacionales, de las finanzas públicas, Contraloría General del Estado, Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia, Asamblea Nacional, los gobiernos autónomos descentralizados y de las organizaciones sociales y de derechos humanos legalmente constituidos.
Esta propuesta es de iniciativa de las legisladora Esther Cuesta quien, en su oportunidad, explicó que con ello se busca desarrollar e implementar protocolos de actuación homogéneos, medibles y concretos que garanticen verdad, justicia y reparación para las víctimas de violación de derechos humanos, mejorar sus condiciones de vida; asegurar un país que garantice derechos; y, evaluar el cumplimiento integral de las sentencias, medidas provisionales y opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.
También se pretende fortalecer las competencias de la Defensoría del Pueblo, amparado en lo dispuesto en los “Principios de París”, suscritos en marzo de 1992, en los que se atribuye a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos cooperar con las Naciones Unidas y los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones regionales y de otros países que sean competentes en las esferas de la promoción y protección de los derechos humanos.
PV
